Una arriesgada decisión de Adolfo Suarez que irritó al franquismo, a Fraga y a los jefes militares. Se legalizaba el PCE y se iniciaba la transición política. Lo que ahora se llama traición por dirigentes comunistas permitió las primeras elecciones democráticas en España, tras 38 años de dictadura y 38 años de ilegalidad, muertes, cárcel y tortura.
En plena Semana Santa, en una España de silencio y, todavía, en blanco y negro, una voz de radio rompió el silencio político que, durante 38 años de franquismo oficial, había invisibilizado a los hombres y mujeres del PCE.
«Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, perdón, que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el, perdón…», anunció el periodista malagueño Alejo García, con voz entrecortada en Radio Nacional de España.
Con la misma discreción con la que se había negociado la legalización del partido y habían ido saliendo de la clandestinidad, los hombre y mujeres del PCE celebraron su legalización.
La inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas se produjo una vez que el ministerio fiscal declaró la ausencia de indicios de ilícitos en la documentación que había ha presentado el PCE. Este hecho dejó abierta, y por mandato legal, la vía hacia la legalización del PCE.
La legalización era un paso imprescindible en la normalización del proceso democrático en España. Para Santiago Carrillo fue “un acto que da credibilidad y fortaleza al proceso hacia la democracia y que ahora lo indispensable es que los demás partidos sean también legalizados».
En la sede del PCE, situada entonces de la calle Peligros, se realizó la primera reunión de militantes, colocaron la bandera del partido; se levantó el puño y se cantó la internacional. Poco después se harían visibles Carrillo y Pasionaria, regresaría el exilio y el PCE preparó las primeras elecciones democráticas.
El resultado de aquellas elecciones fue: UCD: 34,44%. PSOE: 29,32%. PC: 9,33%. AP: 8,21%.
La legalización del PCE, nudo gordiano de la transición
La legalización del Partido Comunista era la clave sin la que no era posible afrontar la transición política española a un sistema democrático.
Nueve meses antes, el 8 de septiembre de 1976, el presidente Suárez había convocado a sus ministros, militares y a los jefes de todas las capitanías generales, regiones aéreas y almirantes jefes de los departamentos marítimos, a una reunión extraordinaria, en la cual les explicó la serie de reformas que se proponía emprender. Suárez no incluyó la legalización del PCE.
A pesar de ello, los fuertes residuos franquistas, especialmente en el ejército, amenazaban permanentemente el proceso democrático. Este era el reto al que se enfrentaba el PCE y la amenaza para la sociedad española.
Al frente del PCE no había irritables críos de clase media sino avezados políticos curtidos en luchas obreras y de barriada, sindicalistas, exiliados y expresos y expresas muchas veces torturados. Ellos y ellas protagonizaron le cambio político, poniendo por delante los intereses de la sociedad antes que los de partido. La tesis del partido no era otra que evitar la prolongación del sufrimiento.
Durante largos meses, Suárez mantuvo una serie de complicados contactos clandestinos, en busca de unos logros enormemente problemáticos. Tan problemáticos como conseguir que el PC aceptara la monarquía y su aportación a un marco constitucional, asumiendo la bandera constitucional y renunciando a la tricolor republicana (enorme “trago” interno para Santiago Carrillo y su partido).
Mientras los reformadores hacían cábalas, el PCE imponía su presencia social y las demandas de democracia eran cada vez más imperiosas. El asesinato de los abogados de Atocha presentaron a un Partido, con presencia, valor y compromiso democrático. Ya era imposible negar la legalización.
Aquella legalización solo podía hacerse como se hizo: mediante un gran acto de valor y asumiendo unos riesgos calculados. Manuel Fraga, al frente de AP (Alianza Popular) puso el grito en el cielo, manifestando en nota oficial que aquella legalización era “un golpe de Estado que transformaba la reforma en ruptura”. En otras palabras: Fraga jamás hubiera efectuado tal legalización.
¿Traición o contribución?
Casi nadie había dudado de que el PCE había asumido serios costes como partido, a cambio de una contribución decisiva a la democracia española, hasta que bajo mandato de Julio Anguita, el PCE sugería su incomodidad con la transición.
La progresiva irrelevancia del PCE no se produjo a causa del debate sobre la transición, como parece insinuar el actual revisionismo izquierdista. Cierto es que la aceptación de la monarquía y de la bandera constitucional produjo algunas rupturas y que, junto al abandono del leninismo, se encuentra en la base de la escisión que se produjo a principios de los ochenta.
Sin embargo, las crisis contemporáneas que más afectaron al PCE orgánica y electoralmente fueron de otro signo. La primera, la de los renovadores de los ochenta, que revelaba la insuficiencia de la dirección que encabezaba Santiago Carrillo para comprender las ansias de alternancia política en la sociedad española, que acabaría capitalizando el PSOE en el 82, suprimiendo la presencia política del PCE y arrastrando la dimisión de Santiago Carrillo.
La segunda, a principio de los 90, cuando tras el golpe de estado en la disuelta URSS, se planteo a debate en el seno del partido su propia disolución. Crisis que se trasladó a IU, a través de la corriente Nueva Izquierda, que acabaría siendo expulsada por Julio Anguita
Ninguna de esas crisis puso a debate la actuación del partido en aquel primer periodo de máxima vulnerabilidad política (1976-1977-1979); se entendió que los esfuerzos del PCE y de las CC.OO fueron determinantes para construir una arquitectura institucional democrática.
Sin embargo lo que era incomodidad en el PCE de Anguita con la memoria de la transición, ha pasado a ser absoluto desprecio. Alberto Garzón ha declarado que la legalización del PCE y la transición «fue una derrota vendida como una victoria. En vez de aceptar que no pudieron contra la dictadura, cambiaron el relato para decir que la Constitución es hija del PCE». Misma línea en la que ha abundado el actual secretario general del PCE, José Luis Centella.
En algunos tuits se ha ironizado sobre si el nombre de la entrevista a Garzón («de botellines con Garzón») tiene algo que ver con las declaraciones. El PCE se mantiene como fuente de «revisionismo izquierdista» de la democracia española y como grupo de presión, enmascarado primero en IU y ahora en la alianza con Podemos, lleva 34 años sin someterse al veredicto de las urnas. Garzón y Centella han quitado mérito a su partido y a quienes lo dirigían y rechazan los contenidos de la transición. Con ellos, como con Fraga, tampoco habría habido legalización ni Sábado Santo rojo.
Domingo Labrador