El expresidente madrileño Ignacio González propuso al exministro Eduardo Zaplana «montar una estructura financiera» opaca en el extranjero para «canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo».
Por su parte, el exministro de Trabajo, Asuntos Sociales y portavoz del Gobierno entre 2002 y 2004, Eduardo Zaplana, ha negado este sábado haber tenido «ninguna sociedad ni relación mercantil» con Ignacio González.
Según afirma el juez Eloy Velasco en el auto de prisión de González por la operación Lezo en una de las llamadas pinchadas por la UCO González propone a Zaplana crear esa estructura a través de un abogado uruguayo que se caracteriza por facilitar a sus clientes estructuras en países como como Holanda, EEUU o Uruguay. «El hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot (el abogado) podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que, de acuerdo a la información tributaria, no están declarados».
En el auto se expica que González también adquirió junto con Zaplana el 50% de una sociedad relacionada con este mismo abogado que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua. «Las diligencias realizadas -dice el juez- han revelado los planes del expresidente de la Comunidad de Madrid para acometer esa inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión».
Así, usó siempre su notario de confianza y recurrió a ciertas operativas de manera que «se desconoce la manera finalmente utilizada y el estado de la inversión» que supuestamente llevó a cabo con Zaplana.
En otro momento del auto, el juez también menciona a Zaplana cuando afirma que hay evidencias de que González planeó usar su influencia y la del exministro para tratar de favorecer los intereses de un empresario respecto a un litigio que mantenía con el Ministerio de Defensa «mediando una contraprestación económica».
Asimismo, Velasco señala que Pablo González, hermano del expresidente madrileño, se «habría» reunido con un «secretario de Estado» -sin especificar el departamento-. El encuentro habría tenido lugar, según el auto judicial, después de que ambos hermanos hablaran «de una posible investigación policial» al expresidente madrileño.
Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior reconocieron que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González se reunieron a petición de éste el pasado 8 de marzo, pero que la misma «fue puramente protocolaria» y que «no duró más de 15 minutos».
El juez considera que González también recurrió a uno de los imputados en el caso, el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, que declaró esta semana ante el juez. «Se ha evidenciado el uso de la influencia sobre Mauricio Casals, presidente de La Razón, para detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el objetivo de conseguir impunidad y obtener información sensible sobre la investigación judicial en curso», afirma Eloy Velasco en el auto. Además, añade, «habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses». «Esta influencia se extiende a otros ámbitos como la Administración, habiéndose detectado episodios en los que Ignacio González planea influir en terceros -de manera directa o indirecta- para beneficio propio o de otros».
En el auto se habla también de las actividades supuestamente delictivas de su hermano Pablo, quien «conoce de primera mano casos de pagos a sobornos relacionados con determinadas empresas licitadoras del sector público como fue el caso del vídeo marcador del Palacio de los Deportes de Madrid». Sobre esta licitación, afirma que «existen indicios que fue manipulada por Ignacio González en favor de los intereses de su hermano».
El hermano de Ignacio González también se benefició
El auto añade que Pablo González «reconoció el pago de comisiones en terceros países, concretamente en Argentina y Venezuela». En este último país, el hermano del expresidente madrileño afirmó que la empresa para la que trabajaba recibió un contrato de 30 millones y «se pagaron 3 millones en comisiones, algunas de las cuales reconoce que pagó él».
Respecto al consejero de OHL Javier López Madrid, que quedó ayer en libertad bajo una fianza de 100.000 euros, el juez afirma que estaría vinculado con el pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero (una obra que nunca se hizo), una sospecha que apuntala en unas anotaciones encontradas en una de sus agendas.
En esas anotaciones, López Madrid, que estaba en OHL cuando la constructora optaba al concurso, tendría que dar unas indicaciones a un consejero delegado de la adjudicataria, Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), «de un tercero llamado Nacho».
Sobre esa presunta dádiva, en una conversación pinchada Ignacio González asegura que López Madrid le dijo que se había pagado una comisión por la operación y que los responsables de la constructora creían que era para el expresidente madrileño, aunque luego descubrieron que no.
El responsable de OHL detalló a González que la comisión se habría pagado desde México a una cuenta en Suiza.
EFE