IgIgnacio González «saneó» las cuentas del PP madrileño con dinero procedente de una empresa pública regional en 2012, coincidiendo con su llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, según denunció ante la Fiscalía un ex alto cargo de ese ente público.
Así lo refleja el juez Eloy Velasco en el auto por el que mandó ayer a prisión a González, que describe los indicios de la supuesta financiación ilegal que se habría llevado a cabo en el PP de Madrid a través de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).
Estos indicios tienen su origen en la declaración de un ex subdirector general de ICM que afirmó ante la Fiscalía Anticorrupción que González pidió en junio de 2012 al entonces consejero delegado del organismo público, José Martínez Nicolás, un millón de euros para «sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid».
La reunión ocurrió tan solo unos meses antes de que, en septiembre, González pasara a la Presidencia regional tras la dimisión de Esperanza Aguirre, quien sin embargo siguió como presidenta del PP de Madrid, cargo en el que había sido reelegida en abril de ese año y en el que continuó hasta febrero de 2016.
En junio de 2012 González era secretario general del PP madrileño y vicepresidente de la Comunidad, por lo que ICM dependía orgánicamente de él, destaca el juez Velasco.
González pidió ese dinero porque las elecciones de 2011 el PP de Madrid habían generado una gran deuda en sus cuentas, afirma el juez, que sostiene que hay pruebas de que esa reunión tuvo lugar gracias a las llamadas interceptadas del móvil de Martínez Nicolás, imputado también en el caso Púnica.
Según el relato de este ex alto cargo de ICM y «testigo privilegiado de los hechos», como le califica el juez porque «formó parte de todas las mesas de contratación de la Agencia», este desvío de fondos se pudo producir mediante contratos «inflados» de ICM con Indra y Price Waterhouse Cooper (PwC), que fueron registradas en el marco de la operación Lezo, por la que González ha ido a prisión.
Así, el juez afirma que Martínez Nicolás se habría valido de esas mercantiles para obtener el dinero solicitado por González, una operativa que se refuerza con las pruebas de que hubo un flujo de unos 700.000 euros (más de 500.000 en 2012 y otros 121.000 en 2013) desde Indra, «uno de los principales contratistas del ente público ICM», a varias empresas proveedoras del PP que «que en otras ocasiones ya habrían sido utilizados para saldar deudas del partido».
Esas contrataciones de Indra, añade el juez en el auto, de 28 páginas, se hicieron » a través de determinados entramados de empresas pantalla, siendo el destino final de los fondos empresas proveedoras del PP por importe de unos 700.000 euros».
Paralelamente, el juez investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Martínez Nicolás, que quedó ayer noche en libertad tras declarar ante el juez con la condición de que pague una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril (de lo contrario irá a prisión).
Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM entre 2007 y 2014 y que, destaca el juez, «ha estado vinculado gran parte de su vida laboral a diferentes administraciones públicas españolas», tenía más de 1 millón de euros «de origen desconocido y ocultos al fisco» en una cuenta del paraíso fiscal de Liechtenstein, en la que tenían firma su mujer e hijo.
Con esa cuenta, asegura el juez, se hicieron transferencias a cuentas en Panamá y Suiza por un total de 1 millón de euros, que podrían responder a «operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal».
EFE