A pesar de que en España, los obispos y Arzobispos deben ser tratados ante la ley, como cualquier otro ciudadano, desde el año 1976 hasta hace unos meses, sólo se había juzgado a un prelado ante un tribunal civil.
Fue el arzobispo de Granada, Javier Martínez, condenado en 2007 al pago de una multa de casi 4.000 euros por un delito de coacciones e injurias contra un sacerdote.
Parecía un caso aislado, hasta que en los últimos años, decenas de obispos y arzobispos han sido acusados , investigados o imputados por diferentes causas como fraude, incitación al odio y a la discriminación, espionaje o los sonados casos por abusos a menores.
Teniendo en cuenta un acuerdo entre El Vaticano y el Estado español, si un obispo o arzobispo es acusado, se debe enviar una notificación a la Santa Sede, quien podrá imponer su particular castigo al prelado, a parte del que la justicia española decida aplicarle. Eso sí, según un documento publicado por el Vaticano, los prelados no están obligados a «denunciar a los sospechosos a las autoridades, a la policía o a un fiscal del Estado en el momento en que tengan conocimiento de delitos o de actos pecaminosos».
Dicho texto salió a la luz tras el escándalo de los delitos sexuales contra menores en los que la Iglesia se vio involucrada en pasado año.
En España el 'Caso Romanones' ha sido el más famoso, pues afectaba al sacerdote Román Martínez, quien fue juzgado el pasado mes de marzo por un supuesto delito de abusos sexuales a un menor. Finalmente, el prelado fue absuelto por falta de pruebas y por falta de convicción del testimonio del denunciante.
Además del mencionado caso, en España, media decena de obispos y arzobispos han sido imputados en diversos casos, como el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y el obispo de Cuenca, José María Yanguas, acusados de haber usurpado la titularidad de su asociación para realizar «ventas irregulares» del patrimonio de la institución por 12,7 millones de euros en el 'Caso Lumen Dei'. La denuncia fue interpuesta por 268 misioneras de dicha asociación.
Otro arzobispo imputado es el de Zaragoza, Vicente Jiménez, quien declaró el pasado 3 de marzo ante el Juzgado en la capital aragonesa, como investigado por un caso de espionaje. Se le imputa un posible delito de «injerencia en el derecho a la intimidad» contra la exnotaria del Tribunal Interdiocesano.
Por su parte, el obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, declaró a finales del pasado mes de abril, a sus 81 años, como investigado en la causa de los ERE de Andalucía. Ceballos está acusado de haber recibido 300.000 euros para una residencia de ancianos, lo que podría suponer un delito de tráfico de influencias.
En Mallorca, el obispo Javier Salinas, quien fue destituido por la Santa Sede por mantener una relación amorosa con su secretaria, ha sido demandado, junto con el obispo auxiliar de Barcelona Sebastiá Taltavulllas por las monjas jerónimas por haber registrado de forma fraudulenta el convento donde residen.
Además de todas estas acusaciones, otros representantes de la Iglesia como el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig realizan declaraciones o actos tachados de homófobos, pero se libran de acusaciones o investigaciones al primar su supuesta «libertad religiosa».
Marta de la Fuente