La resaca de San Isidro ha sido un día horrible para la Casa de Correos. Ya hay caso Cifuentes que llevarse al escaño. Por la mañana, el despacho del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruíz, era registrado por orden del juez Velasco y debía presentar su dimisión, impulsado por el inapelable Código Ético de la Presidenta. “A la búsqueda del caso Cifuentes”, titulaba Estrella Digital el pasado 27 de Abril. La corrupción excitaba por aquellos días a las fuerzas políticas y ya apuntaba una interminable agenda judicial. Pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de delito en Cifuentes, el juez Velasco no.
La operación Lezo y los nuevos episodios de la Púnica daban relieve al expolio en la Comunidad de Madrid. Podemos preparaba la Moción de Censura a Cifuentes, con la incomodidad de PSOE y Ciudadanos, que buscaban formas alternativas de castigo a la Presidenta. Al final de la mañana, tras conocer los nuevos 51 imputados en la operación Lezo, se sabía que el mismo juez abría unos nuevos tomos del sumario de ‘Púnica’, donde figuraba un informe de la UCO, que ni ha sido investigado, instruido o producido acción alguna, que proponía la investigación de la propia presidenta por dos delitos, uno de ellos cohecho. Por cierto, el juez ha descartado el tema.
No ha habido tiempo de leer el papel y Podemos ya se ha dirigido a PSOE y Ciudadanos proponiendo su moción de censura.
La presidenta y la cafetería
La UCO de la Guardia Civil ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir «de antemano».
En un informe de la UCO, que analiza exclusivamente estas adjudicaciones, se concluye que podrían estar amañadas puesto que «se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones». Además, señalan los expertos de la UCO, Cifuentes pertenecía al patronato de la Fundación del PP (Fundescam) investigada por la financiación ilegal del partido y que habría recibido una donación de Arturo Fernandez, presidente del Grupo Cantoblanco, adjudicatario de los servicios de cafetería.
Los expertos administrativistas de la UCO concluyen que la participación en la mesa de contratación así como en el comité de expertos que adjudicó junto a la presencia en el patronato de la Fundación Fundescam y el comité de campaña electoral del PP, es «contraria a la legalidad y vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación».
‘Púnica’, ‘Lezo’ y Arpegio
Esta investigación pertenece a la investigación de la financiación irregular del PP. El viceconsejero de Medio Ambiente ha sido investigado en el contexto de la operación ‘Púnica’, y la gestión de Arpegio, la sociedad que gestionaba el Plan PRISMA, instrumento de colaboración de los Ayuntamientos, al que se le atribuye dudas de gestión financiera, a favor de la financiación de los populares, y que se situaba en el departamento que controlaba Granados.
Las tramas de la corrupción política en Madrid se entrelazan, como demuestra la relación de investigados por el juez Eloy Velasco. Mismas empresas, mismos nombres, parecidos procedimientos. Los dos hombres de confianza de Esperanza Aguirre, según las investigaciones de la UCO, al final confluían en su financiación ilegal. Indra, OHL, la obra pública madrileña (en este caso los trenes ligeros). El caso paradigmático es el de Javier López Madrid.
Granados y David Marjaliza acaban siendo nexo de relación entre muchos de los imputados y entre muchos observados por la Guardia Civil
Además de perseguir presuntos enriquecimientos ilícitos personales, el juez Velasco está detrás de la financiación del PP madrileño. Y ahí parece que el PP no eran dos, sino uno, en la busca de recursos para sacar ventaja sobre sus rivales electorales. En ese contexto el PRISMA y Arpegio han aparecido siempre en todas las quinielas.
68 Imputados en Lezo
‘Lezo’ tiene que ver con ‘Púnica’, y ambas con la financiación irregular del PP. Al menos esa es la tesis del juez Velasco que ha citado –para septiembre- a 51 investigados, que se suman a los 17 imputados hasta la fecha en el ‘Caso Lezo’, entre ellos el empresario Juan Miguel Villar Mir; la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero; su padre, Pablo González; dos sobrinas, y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, ya imputado en ‘Púnica’.
Entre los imputados se añade al expresidente de Mercasa Eduardo Amejide Montenegro. Son también imputados: José Manuel Serra Peris, secretario de Estado de Energía en el Gobierno de José María Aznar; el empresario Joaquín Molpeceres, que testificó en el juicio de Gürtel, o M.T. M. A., socia de Lourdes Cavero en un negocio de guarderías en el que también participan sus dos sobrinas, Rocío y Leticia Bonet Cavero.
El juez parece ir más allá del círculo de González y concreta la presencia de OHL en sus investigaciones. Además de López Madrid, yerno del expresidente de OHL Villar Mir, imputa a éste, al exdirector del departamento de construcción de OHL, Rafael Martín Nicolás, y el que fuera consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada Guijarro.
De las seis piezas en las que el Juez ha distribuido la ‘Operación Lezo’, la cuarta es la que preocupa en la Casa de Correos: destinada a la supuesta financiación ilegal del PP a través del desvío de fondos de Indra y del ICM, y en ella figura José Martínez Nicolás -exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) que fue detenido en ‘Lezo’-, el constructor Jesús Arranz, así como Beltrán Gutiérrez.
OHL suma problemas
A la imputación de Villar Mir, López Madrid y Martín Nicolas, y su vinculación en todas las operaciones de investigación efectuadas hasta la fecha, OHL suma preocupaciones adicionales en México.
La organización “Ahora”, que lidera el activista en derechos humanos Enrique Alvarez Icaza, ha presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral de México, equivalente a la Junta Electoral española, “sobre el involucramiento de la empresa OHL en el financiamiento de campañas electorales en el Estado de México y a nivel federal”.
Se le acusa de usar miles de millones de pesos de recursos públicos para inyectárselos a las campañas priistas, asunto que viene denunciando la auditora Infraiber. El pasado jueves, Emilio Álvarez Icaza, coordinador de ‘Ahora’, expuso “el ciclo”, como llaman a los nexos entre la constructora y el PRI.
En esta de denuncia se arguye que las dos carreteras, concesiones de OHL – Viaducto del Bicentenario y Circuito Exterior Mexiquense- 132 Kilómetros, «son inversiones que empezaron costando poco más de 6 mil millones de pesos ya vale 63 mil millones“, según Álvartez Icaza.
Domingo Labrador