Convalidado el nuevo decreto (nacionalistas catalanes y vascos, PP y Ciudadanos) se cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, España se ahorra la multa, y se debilita la posición de los estibadores en su negociación con las empresas contratistas.
Libertad de contratación
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha encargado de defender los cuatro artículos del nuevo decreto, que incluye la libertad de contratación de los trabajadores de la estiba por parte de las empresas, tal y como ha ordenado Europa. “Habrá un periodo transitorio de tres años para que se introduzca de forma definitiva el nuevo sistema laboral”, ha señalado el ministro conocedor de la convocatoria de huelga en el sector.
En marzo, el Gobierno esperaba que Ciudadanos apoyase su decreto, pero los de Albert Rivera se echaron para atrás en el último momento, dejando que se visualizara la soledad del PP en el hemiciclo. Ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha conseguido que Cs volviera al redil y la abstención de PDeCAT, después de que los nacionalistas introdujesen, aparentemente, nuevas medidas a favor del empleo en el sector.
El texto no difiere difiere del que fue derrotado el pasado mes de marzo. La clave del conflicto se regulará en otro decreto que tendrá carácter de reglamento pero no tendrá que ser convalidado por el Congreso. Por lo que se evita el proceso negociador.
En él se establecerán las condiciones con las que las empresas estibadoras subrogarán a los estibadores que actualmente dependen de las sociedades que gestionan el trabajo en los puertos y que se convertirán en ETT’s en el plazo de tres años. Además. Fomento dará 120 millones en ayudas para la renovación de las plantillas mediante jubilaciones a las que se podrán acoger a partir de los 55 años y con un 70% del salario.
¿Qué buscan los nacionalistas catalanes?
El cambio de opinión de la antigua Convergencia ha sido motivo de debate. La ausencia de los representantes del Gobierno en la reunión en la que el Palau de la Música debía personarse contra la formación catalana por el caso Palau ha sido atribuida por En Comú-Podem al cambio de posición de los nacionalistas, que han negado la sugerencia.
PDeCat afirma que en la negociación con el Gobierno ha introducido cinco cambios en el decreto. «Hemos actuado con responsabilidad con las instituciones europeas, con los puertos catalanes y con la economía catalana», ha incidido el diputado Ferran Bel desde tribuna.
Desde el puerto de Valencia se venía señalando, desde que se iniciara el conflicto, que los efectos sobre el movimiento de mercancías en Barcelona estaban siendo menores que en otros puertos, lo que parecía apuntar a una actitud de los responsables catalanes distinta.
ERC mantiene su rechazo al decreto, a pesar de que reconoce algunas mejoras en este segundo texto que el Gobierno ha sometido a votación.
Los estibadores han convocado ocho jornadas de huelga a partir del miércoles de la semana que viene. A su juicio, el contenido del decreto, que no se tramitará como ley por el procedimiento de urgencia, no garantiza el mantenimiento del empleo tal y como ha prometido el ministro, quien ha demandado ”sensatez y cordura” al sector.
La intervención de Barrachina enciende a los estibadores
De la Serna ha llamado al “diálogo”, pero la intervención del diputado popular Miguel Barrachina, que ha arremetido contra los estibadores, ha provocado que un grupo de trabajadores, que habían sido invitados por Podemos a la sesión plenaria, haya abandonado el hemiciclo tras un sonoro rechazo.
Tanto los empresarios de la estiba como los sindicatos que representan a los más de 6.000 estibadores se han quejado porque no se les ha consultado para redactar la reforma. Anesco, la patronal de las empresas portuarias, indicó en una nota de prensa que ha notado una bajada de rendimiento en la mayoría de las terminales españolas desde el martes, lo que a su juicio podría constituir un acto de huelga encubierta.
Miguel de la Balsa