Con la manifestación, los taxistas de todas las autonomías, salvo Canarias, se unen para exigir al Ministerio de Fomento soluciones ante la concesión indiscriminada de autorizaciones de transporte de vehículos de alquiler con conductor (VTCs), que es en la actualidad tres veces superior a lo permitido por la legislación actual.
Compañías como Uber y Cabify utilizan esta modalidad de transporte para prestar sus servicios, y pese a que la ley actual establece que solo puede haber una VTC por cada 30 taxis, en la actualidad opera una VTCs por cada once taxis. Desde 2012, el número de VTCs ha pasado de las 2.563 a las 5.654 actuales, sufriendo un incremento de más del 280%.
La presión de la mal llamada economía colaborativa
Los profesionales del taxi consideran la licencia, devaluada por la competencia, como un fondo de pensiones, una jubilación de la que se les está privando. También es cierto que las licencias existen por fallos de mercado que hacen necesaria la regulación
En realidad, Uber o Cabify no han aportado tecnológicamente nada nuevo. Lo que han aportado es el mismo negocio de siempre pero externalizando costes al conductor.
El modelo de negocio de ambas es que el conductor se page la gasolina, los seguros, el mantenimiento, el coche y todos los gastos. Naturalmente, se devalúan las condiciones de vida del profesional.
Una redactora de Estrella estimó una reducción de un 30% el coste de viaje en un taxi bajo demanda de Cabify. La cuestión, sencillamente, es que la modernísima entidad no paga la seguridad social, el coche o el seguro del trabajador – que no es trabajador, sino autónomo-; autónomo que debiera ser dependiente (cobran más del 70% de sus ingresos por trabajar en la misma compañía) pero que está sujeto a contrato mercantil.
Las demandas de los taxistas
La competencia «desleal», dicen los taxistas, ha supuesto que muchos de ellos pierdan sus puestos de trabajo y que muchos otros no lleguen a final de mes. «No queremos que desaparezcan, sólo reclamamos que trabajen en base a sus normas», afirma uno de los taxistas afectados por la aparición de estas dos compañías. Las quejas de estos trabajadores hacen referencia a la manera de interpretar la Ley que regula las licencias VTC. El texto que legisla las VTC advierte que para hacer uso de estas licencias el usuario ha de tener un domicilio social. Es decir, el coche que vaya a ser utilizado como medio de transporte ha de permanecer estacionado en una 'base', hasta que un cliente solicite sus servicios.
Pero esta regla no es respetada por ninguno de los conductores de Cabify y Uber. De hecho, es muy habitual encontrar a los coches de ambas compañías en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez y en la calle Alfonso XII, justo enfrente de la entrada del Retiro. «Del aeropuerto han hecho de su parking su campo base. Estacionan sus vehículos sin ningún pudor y esperan a coger clientes», afirma un taxista afectado.
El problema no es sólo que no respeten el 'modus operandi' que rige las VTC, sino que sus tarifas son mucho más asequibles que las de cualquier taxista, que por Ley están obligados a cobrar 30 euros a cualquier viajero que quiera abandonar el aeropuerto. «Sus tarificaciones las realizan mediante el teléfono móvil y están tirando los precios. Es imposible competir con ellos», explica el mismo taxista.
Por último, los taxistas denuncian que las licencias VTC se han convertido en un negocio piramidal en el que en muchas ocasiones es más importante captar a un nuevo conductor que el propio trabajo. Esto es así porque para poder operar han de tener siete de estas licencias y para ello suelen formalizar una serie de cooperativas, que en la gran mayoría de ocasiones no tributan en España, según la versión de los afectados. «Me río yo de la burbuja inmobiliaria. Un producto que se compra por 46 euros y lo venden por 50.000 euros sí que es una burbuja», relata un taxista en relación a la venta de licencias.
Domingo Labrador / Carlos Lospitao