La justicia europea ha revisado la sentencia que emitió el Tribunal Supremo en abril de 2008 y que cinco años más tarde confirmó el Tribunal Constitucional español (TC), que conllevó la inhabilitación de Juan María Atuxa a petición del expresidente del Parlamento vasco y los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knorr. Atuxa y sus compañeros fueron condenados por un delito de desobediencia por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), tras la ilegalización de Batasuna en 2003.
Como resultado, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha considerado que el estado español vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al inhabilitar y condenar a Atuxa, pues «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial».
La condena económica a España en la sentencia impone el pago de 1 euro a cada uno de los demandantes por «daño moral» y otros 600 para los tres para costear los gastos judiciales.
Sin embargo, Estrasburgo rechazó la petición de los demandantes de que se les restituyeran 42.000 euros con los que fueron multados en total por la justicia europea, así como otros 10.000 por costos del proceso.
Marta de la Fuente