La empresa, mediante una nota de prensa, se felicita por la aprobación por parte del Gobierno, en el Consejo de Ministros del pasado viernes 7 de julio, de la nueva norma ITC-MIP 04. La normativa estaba pendiente de su aprobación desde hace cuatro años y, desde entonces, tenía el informe favorable de la Unión Europea y del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial. La patronal del sector, AESAE, ha estado exigiendo su aprobación desde su creación, y así se ha ido expresando a las autoridades del Ministerio de Industria en los últimos meses.
También se han incluido avances tecnológicos en esta norma, avances producidos desde la aprobación de la pasada instrucción en 1999. Una de las mayores novedades es la de integrar los progresos técnicos disponibles para evitar o moderar el impacto de la contaminación de los suelos por la pérdida accidental de carburantes, mediante alertas tempranas o mediante contención, sistemas que muchas estaciones de servicio tradicionales por su antigüedad no poseen y a las cuales deberán adaptarse.
También incorpora medidas adicionales que las gasolineras desatendidas deben establecer para así tener una mejor seguridad. El socio fundador de Ballenoil, David Querejeta, afirma que “consideramos que la norma supone un espaldarazo para el sector de gasolineras desatendidas, pese a las trabas de numerosas comunidades autónomas, y contribuirá a abaratar el repostaje de combustible a las familias españolas”.
Denuncia previa
La empresa líder de gasolineras ‘low good’ recuerda la denuncia contra el reino de España ante la Comisión Europea. Una denuncia presentada por AESAE por el incremento de legislaciones autonómicas que limitan el libre mercado y la libre competencia. Esta denuncia fue aceptada por la Comisión Europea, ya que fue el pasado viernes cuando se fijó la fecha límite para que el Reino de España diera una respuesta.
Ballenoil espera que esta aprobación termine con algunas de las interpretaciones de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y adapten esta normativa como una normativa básica, ya que procede de una competencia gubernativa y exclusiva.
El socio fundador de la empresa añade que “la defensa de los consumidores se ha de plantear sobre las bases de la mejora de las condiciones de las estaciones de servicio, y no sobre la imposición de restricciones y barreras al libre mercado y a la libre competencia”
Paula Faraldo