La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) ha presentado una querella contra los anteriores consejeros de Banco Popular y PWC por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, después de seis semanas de investigaciones.
Patricia Suárez, presidente de dicha asociación, justifica el período de tiempo que ha pasado desde que se conociera la venta del Popular, porque “había que presentar una querella consistente, con pruebas contundentes y con largo recorrido». «La oferta de compensación del Santander a los accionistas minoritarios es una prueba más de que ha habido irregularidades que todos los ciudadanos y contribuyentes tenemos derecho a conocer”, ha añadido en un comunicado.
Desde que el siete de junio Banco Santander adquiriera por un euro el 100% del capital social del Banco Popular, garantizando los depósitos de las cuentas corrientes, pero dejando sin ahorros a más de 300.000 bonistas y accionistas, ASUFIN recibió un aluvión de llamadas de afectados y decidió investigar a Banco Popular para determinar si había delito en algunas de sus actuaciones.
La contradictoria información registrada en organismos oficiales y las investigaciones realizadas por ASUFIN han llegado a la conclusión de que existen indicios de la comisión de delitos como: fraude de inversores y falsedad de cuentas, ya que se omitió información relevante a la CNMV, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, debido a la constitución y el mantenimiento de una Sociedad radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán durante 16 años.
Por otro lado, la asociación que defiende a los usuarios financieros, se querella también contra la consultora PWC, puesto que consideran, ha tenido «una conducta que sólo puede calificarse de consentidora o de beneplácito frente a la deriva que iba tomando la entidad»
Para ASUFIN la auditora ha contribuido al perjuicio económico de los clientes del popular cuyos bonos y acciones no tiene valor, al haber justificado con sus auditorías las acciones del banco.
Según ha informado la asociación, este procedimiento será realizado por los letrados Carme Herranz, Oscar Serrano (Col·lectiu Ronda) y Almudena Velázquez (Red Abafi).
Marta de la Fuente