Poco más de siete horas después de que se extrajesen las muestras biológicas por orden judicial, Sevillano ha comparecido en rueda de prensa frente al Teatro-Museo de Figueres, en Girona, que acoge la tumba de Salvador Dalí, para manifestar su oposición a la decisión de la magistrada del juzgado de Madrid que instruye el caso.
La Fundación Gala-Dalí insiste en considerar que el exhorto que obligaba a la exhumación fue «precipitado» por falta de pruebas que avalaran la afirmación de la demandante, Pilar Abel, y se reserva esas acciones por los perjuicios sufridos tanto con el coste de la intervención como por la cancelación de reservas de entradas.
Juan Manuel Sevillano, acompañado por el secretario Luis Peñuelas y la directora de los museos dalinianos, Montse Aguer, así como por el abogado Albert Segura, del bufete Roca Junyent, ha reiterado ante un nutrido grupo de informadores de diferentes países que era inviable rechazar la orden de la magistrada.
Sevillano ha detallado que, de todos modos, la Fundación Gala-Dalí presentó un recurso de reposición que fue «secundado» por la Abogacía del Estado, pero que carecía de capacidad para suspender la exhumación antes de ser resuelto, algo que está pendiente.
«Se puede dar la surrealista situación de que lo atiendan y la prueba no se debería haber hecho», ha indicado el abogado, mientras que el gerente ha destacado que, al conocer que el exhorto fijaba las 9:30 horas como horario de la intervención, se propuso al juzgado que se actuase fuera de las franjas de apertura del Teatro-Museo.
La petición fue aceptada, pero la venta anticipada de entradas y las reservas de grupos fueron suspendidas durante esos días por si la jueza mantenía la hora fijada inicialmente.
Ese es uno de los costes que la Fundación Gala-Dalí podría recurrir a la demandante en caso de que la prueba de paternidad resulte negativa, aunque también los gastos del operativo, que esta institución asumió y que todavía no se han calculado.
También desconoce Juan Manuel Sevillano la herencia que recibiría Pilar Abel en caso de que se confirmase su versión, «porque la legítima se calcula sobre el momento del deceso».
Sevillano está en todo caso en desacuerdo con «un acto tan invasivo» como la exhumación cuando, a su entender, se podía cotejar antes el ADN de Abel con el de su padre legal, ya fallecido, o con el de su hermano.
El gerente ha lamentado que la magistrada no tuviese «en cuenta que los restos estaban en un museo que recibe a más de cuatro mil visitantes al día» cuando firmó el exhorto, y ha agradecido al juzgado número 8 de Figueres, que ha actuado por delegación, que haya «mediado para que, al menos, haya sido por la noche».
Para Sevillano, la decisión de la jueza ni estaba «motivada» ni «fundamentada» y el abogado Albert Segura ha apuntado que, además de la reclamación de costes a Pilar Abel, se reservan la opción de solicitar «una declaración de error judicial» ante posibles «responsabilidades patrimoniales de la administración de justicia».
Segura desconoce «las razones» por la que se decretó la exhumación y ha explicado que «la peticionaria debería aportar indicios suficientes de que su pretensión tiene fundamentos».
«En este caso no hay más que una declaración notarial de una señora que se dice amiga de la madre de Pilar Abel, que dice que ésta le dijo que su hija lo era también de Dalí», ha añadido el abogado del bufete Roca Junyent.
EFE