Tras conocerse el pasado 19 de julio la sentencia del Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) contra 24 presos saharauis del 'campamento de la dignidad de Gdeim Izik', con penas que van desde la perpetuidad hasta 30, 20 y dos años de cárcel, son muchas las organizaciones pro-derechos de la población del Sáhara Occidental, quienes intentan luchar contra dichas condenas.
Por ello, asociaciones como la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) o la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (FEMAS Sáhara) han convocado una concentración este jueves a las 18:30 horas en la Puerta de Sol de Madrid para exigir al gobierno español la mediación contra unas sentencias que consideran absolutamente injustas. Además, los residentes saharauis en Madrid se encadenarán para mostrar su apoyo y solidaridad con los consenados.
«España sigue siendo la potencia administradora del territorio y tiene una deuda moral, política, jurídica e histórica con el Pueblo Saharaui por lo que el Gobierno y todas las fuerzas políticas deben exigir que se cumpla la legalidad internacional y se anulen unas sentencias impuestas por un Tribunal sin competencia y en un proceso repleto de irregularidades», afirman en un comunicado.
Severas condenas de un Tribunal civil
En 2013 el Tribunal Militar de Rabat dictó sentencia contra los 24 saharauis a los que acusaban de la muerte de 11 soldados marroquíes durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en 2010. Las condenas fueron entonces muy similares a las que aprobó el Tribunal Civil el pasado mes de junio. Después de tres años el Tribunal de Casación de Rabat anuló aquellas sentencias por falta de pruebas y porque un tribunal militar no puede juzgar a civiles, tal y como establece la ley marroquí.
Por ello, y para demostrar 'su inocencia', Marruecos ha permitido que dicte sentencia contra los 24 presos un Tribunal Civil. El resultado ha sido muy parecido al del año 2013, con penas que incluyen ocho cadenas perpetuas, tres condenas de 30 años de prisión, cinco de 25 años y tres más de 20 años. Sólo dos activistas saharauis están en libertad tras haber cumplido más años en prisión de los que el tribunal ha dictado para ellos.
Ante esta la injusticia de una sentencia «sin garantías ni pruebas y basada en confesiones obtenidas bajo tortura y malos tratos», en la que organizaciones como el Consejo General de la Abogacía Española, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Centro Robert F. Kennedy han vadvertido irregularidades, las asociaciones que defienden los derechos de los saharahuis han promovido una movilización en más de 10 capitales de provincia de todo el Estado, complementando las concentraciones que ya se han hecho en otras ciudades desde que se conoció la sentencia.
Además, según CEAS-Sáhara, «el Tribunal de Salé es una corte extra-territorial, sin competencia para juzgar los hechos ya que el Reino de Marruecos no cuenta con jurisdicción sobre el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental».
Petición internacional
Considerando que el Sahara Occidental es el único Territorio No Autónomo bajo ocupación extranjera sin una Potencia Administradora reconocida internacionalmente, y recordando que esta ocupación ilegal por parte de Marruecos implica la aplicación del derecho internacional humanitario común a los Convenios de Ginebra, CEAS-Sáhara y otras asociaciones, instan al Gobierno del Estado Español a:
• Solicitar la anulación de los Juicios ya que los hechos ocurrieron en el Sáhara Occidental, Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del citado Tribunal.
• Exigir una investigación independiente, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de aciones Unidas, que aclare los hechos que se produjeron en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, y determinar la situación de las personas injustamente condenadas, cuyas confesiones se realizaron presuntamente bajo torturas o malos tratos.
• Condenar las violaciones manifiestas y probadas de los derechos humanos y libertades undamentales que se producen en el Sahara Occidental.
• Trasladar estas demandas en todas las acciones del Gobierno de España en su relación con el Reino de Marruecos.
Marta de la Fuente