“España está violando los derechos de los inmigrantes”. Así comienza una de las denuncias más duras emitidas por la ONG Human Rights Watch tras conocerse la situación que se está produciendo en el mar Mediterráneo y en Europa. El trayecto desde las costas africanas a las europeas se ha convertido en una de las mayores pesadillas de todas las familias que huyen de su país en busca de un mejor futuro. Sin embargo, muchos de ellos son atrapados por el mar mientras que los que consiguen pisar tierra no lo hacen de la manera en la que ellos esperaba.
Celdas con poca iluminación y sin aseos, un único kit de higiene, colchones tirados por los suelos, goteras y familias divididas son algunas de las condiciones que sufren los inmigrantes que llegan a España con la esperanza de empezar una nueva vida. Motril, Almería y Málaga son los lugares en los que se encuentran los establecimientos policiales a los que son destinados estos nuevas inmigrantes. “Inmediatamente los meten en un calabozo en el puerto de Motril, tirados en el suelo, con los menores mezclados”, explicaba el fotoperiodista Javier Bauluz a varios medios hace unos días.
Todos los que llegan en embarcaciones, tanto adultos como niños, son detenidos durante 72 horas como máximo en las instalaciones policiales de Almería, Málaga y Motril. La mayoría de estas familias son separadas y los niños quedan a disposición de los servicios sociales. Pasados los tres días, los adultos son enviados a un centro de detención inmigratoria donde permanecen un máximo de 60 días, pendientes de su deportación. En caso contrario, pasados dos meses son puestos en libertad aunque sin derechos a permanecer en el país y obligados a irse. Según los últimos datos proporcionados por el Defensor del Pueblo de España, solamente el 29% de los detenidos en 2016 fueron deportados ese año.
En Motril, las mujeres y los niños son separados de los hombres y conducidos a una única celda donde están todos juntos sin camas suficientes. Al igual que en Málaga, en este municipio granadino, las celdas presentan anchos barrotes mientras que en Almería “las celdas están separadas del pasillo por un enrejado con un trama muy estrecha”, denuncian desde la ONG Human Rights Watch. “Los niños juegan con las aguas contaminadas de los retretes”, explica un observador de Human Rights Watch a Estrella Digital. Todas las personas que permanecen en ellas solo salen para ser identificados, registrados y entrevistados.
Varias ONG reivindican que desde el Gobierno de España se lleven a cabo una serie de medidas que mejores las condiciones de las detenciones. En concreto, desde la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) explican que estas alternativas existen pero no están siendo usadas. En este sentido, la ley española permite a las autoridades correspondientes utilizar medidas que priven a la gente de su libertad ni se retengan los documentos. Además, piden distribuir a los que llegan en centros de acogida, financiados y gestionados tanto por el Estado español como por las distintas ONG, que “no están siendo utilizados” y que permiten la estancia de estas personas “hasta tres meses”.
Datos abrumadores
Durante el primer semestre del 2017, más de 100.000 personas han llegado a Europa desde las costas africanas de los cuales un 85% lo han hecho por la ruta que desemboca en las costas italianas. En el mismo periodo, más de 2.200 personas han muerto en las aguas del Mediterráneo concentrándose una mayoría de éstas en el mar de Alborán. Según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), estas muertes son el “73% de las muertes en el mar que se han producido en el mundo”. En la última presentación del informe de CEAR, su secretaria general Estrella Galán, denunciaba que la política migratoria de la Unión Europea “centrada en blindar y alejar fronteras, conduce a la muerte a personas que tenían en Europa su última esperanza para salvar sus vidas”.
En 2015, hubo 14.887 solicitudes nuevas de asilo, un 150% más respecto al año anterior mientras que en el 2016, la cifra ascendió hasta las 15.570 solicitudes, según informa Eurostat, el servicio de estadísticas de la Unión Europea. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante el primer semestre de este año ya han sido 7.847 personas las que han pedido asilo, por lo que se prevé que la situación empeore de aquí al final de año. En este sentido, desde ACNUR han mostrado su rechazo a que “en España se mantengan las restricciones de asilo”, según informan a Estrella Digital.
Mientras tanto, España sigue sin cumplir con la cuota de refugiados que se había comprometido a acoger antes del 26 de septiembre. En este sentido, Galán, quien ya califica como “imposible” este compromiso, pues solo ha llegado un 10% de ese total, se pregunta “qué respuesta dará la Unión Europea a los países incumplidores: si esto va a quedar impune o se van a alargar los plazos”.
Andrea Morea