El Gobierno ha aprobado hoy la puesta en marcha de un laudo arbitral de obligado cumplimiento para solucionar el conflicto del aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha anunciado hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta tarde, el titular de Fomento ha explicado que las partes tendrán un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo, que prevé realizarse esta tarde o mañana por la mañana, para elegir a un mediador.
En el caso de que no lo consigan, Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá a las partes para que formulen sus alegaciones y se adoptará una decisión en un plazo máximo de diez días.
La decisión de optar por el arbitraje, que se ampara en una ley de 1977 sobre relaciones laborales, se ha adoptado al concurrir una serie de «circunstancias», ha explicado el ministro.
Entre estas circunstancias figuran la duración de la huelga y las «posiciones irreconciliables» que han mantenido las partes durante el proceso de mediación.
De la Serna también ha aludido al «perjuicio para la economía nacional» derivado del conflicto debido a su afección en el turismo nacional a nivel de empleo, de reputación, «deterioro de la Marca España» e impacto en sectores vinculados al turismo.
El ministro ha subrayado que este acuerdo tiene «carácter excepcional» y que no cree que se puedan extrapolar las circunstancias de estos trabajadores a otros aeropuertos porque existen diferencias, entre otras cuestiones porque las empresas subcontratadas son diferentes.
Además, De la Serna ha indicado que, ante las peticiones formuladas hoy por los sindicatos, el Consejo de Ministros ha sugerido la creación de un grupo de trabajo con la participación del Gobierno sobre el sector de la seguridad privada.
Este grupo de trabajo abordará cuestiones como la formación, la calidad del servicio, las condiciones laborales o las salariales.
La «voluntad» del Gobierno es comenzar a trabajar en «unos días» para constituir estos grupos de trabajo de cara a establecer este marco general que, ha insistido, no sustituirá la negociación sectorial.
De la Serna ha insistido que el Ejecutivo ha entrado en la resolución del conflicto una vez que fracasó el proceso de mediación y que «no hay ningún otro recurso desde el punto de vista legal para hacer frente a esta situación».
Redacción