La nueva citación de esta vecina de Maracena se produce después de que el pasado lunes entregara ante la Guardia Civil a sus dos hijos, que ya se encuentran en Italia con su padre, Francesco Arcuri, en cumplimiento del ultimátum que le había dado este mismo juzgado que lleva la causa por la vía penal.
Esta semana también habían sido citados como investigados la asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga de este mismo servicio, Maite Sanz, además de los padres y hermanos de Rivas.
Todos ellos acudieron a las citaciones judiciales fijadas el miércoles y ayer, jueves, aunque se acogieron a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada.
Por otra parte, el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada ha manifestado hoy su más «firme y decidido apoyo» a la profesora Francisca Granados, asesora jurídica de Juana Rivas.
Todos los profesores que integran el referido departamento han puesto de manifiesto la «gran profesionalidad» de su compañera y su «indudable calidad» en el ejercicio de su actividad profesional, tanto como asesora jurídica como en su condición de profesora de Derecho de la Universidad de Granada.
A través de un comunicado remitido a Efe señalan que Granados ha desempeñado ininterrumpidamente durante más de treinta años una «excelente y apreciada» labor como profesora asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada y que ha merecido siempre las más «altas valoraciones» de sus alumnos.
Esta función la ha compatibilizado con su labor como asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena, donde asesoró a Juana Rivas.
«Durante todo este tiempo ha demostrado un profundo conocimiento del Derecho y una gran solvencia profesional, así como una innegable integridad y entrega como profesora, destacando de manera especial su calidad humana y su compromiso social», indica el comunicado.
Granados, cuyo abogado ha pedido el archivo de la causa, se acogió a su derecho a no declarar amparándose en el secreto profesional, pero negó en su comparecencia posterior ante los periodistas haber cooperado en la sustracción de los menores.
EFE