El día empezaba con La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO advirtiendo que se podría producir una «fuga» de médicos interinos desde Cataluña al resto de España. Al final de la mañana, el sindicato de los Técnicos de Hacienda (Ghesta) señalaban que, sin funcionarios, la pomposamente presentada Hacienda catalana, era puro humo.
El independentismo choca con los función pública. Los profesionales de los distintos ámbitos de la Administración perciben mejor que nadie la literatura que esconde “el procés”. Al igual que se propone un ejército para el que no hay soldados, se ofrece una sanidad sin médicos o una hacienda sin inspectores.
Los médicos interinos
Uno de los retos de la sanidad española es, según Comisiones Obreras, culminar la OPE (oferta pública de empleo), que permitirá recuperar los 130.000 empleos públicos perdidos durante la crisis, pero cuyos plazos no se están cumpliendo,
El Ministerio de Sanidad ha comunicado que hay dos comunidades que aun no han facilitado la información sobre el número de plazas que van a convocar y ha señalado que se trata de Galicia y de Cataluña.
En este último caso, los sindicalistas lo achacan directamente al «procés» independentista. «Ellos dicen que no son España y que, por tanto, esta ley – la Oferta de Empleo Público- no les afecta, y que cuando sean independientes harán su propia oferta pública de empleo».
Cataluña ha convocado una OPE, que solo cubre un 8% de las vacantes, cuando se estima una por encima del 30 %. El hecho de que Cataluña no se sume a la OPE nacional puede producir, señalan los sindicalistas, que interinos de esta comunidad opten a plazas en otras comunidades.
La hacienda sin recursos Humanos
Los Técnicos de Hacienda, por su parte, han señalado que “se requeriría un Plan de Empleo o de una Oferta de Empleo Público que sumara 4.234 nuevos miembros a la plantilla de la Agencia Tributaria catalana” para gestionar los tributos estatales, con el mismo número de empleados que en la actualidad.
En cualquier caso, los técnicos de Hacienda recuerdan que la economía sumergida en Cataluña ronda el 24,6 por ciento del PIB, al igual que la media estatal, por lo que para reducir el fraude “se tendría que duplicar la plantilla actual de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y aumentar sus competencias y responsabilidades, entre otras medidas”.
En este contexto, los Técnicos recuerdan que, hasta la fecha, la ATC cumple con la normativa fiscal y competencial vigente en España. Señalan los Técnicos que la ATC se modificó de acuerdo con los principios del Código Tributario de Cataluña, que se aprobó el pasado mes de julio, dentro de las posibilidades que permite la Ley General Tributaria (LGT) y la normativa que regula el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía.
Precisamente, este Código se redactó como un calco de la normativa estatal para evitar que se declarase inconstitucional y así pudiera salir adelante, aún con el rechazo de toda la oposición del Parlamento Catalán. Lo mismo que sucede con la Agencia Tributaria catalana, que presenta pocas novedades respecto a la estructura de la AEAT.
Domingo Labrador