Un antes y un después. Esto es lo que supuso la celebración de la manifestación contra el terrorismo yihadista del pasado 27 de agosto en Barcelona con respecto al desafío secesionista catalán. Desde entonces, el escenario ha cambiado y las hostilidades entre el Gobierno Central y el 'Govern' se han desatado. El Gobierno creía tener controlada la situación, pero en las filas 'populares' comienzan a temer la sublevación de Carles Puigdemont, 'president' de Cataluña, y su equipo. «Estamos muy preocupados porque no atienden a legalidades, cada vez resta menos tiempo y va a ser casi imposible aplicar el artículo 155 de la Constitución por cuestión de plazos», aseguran fuentes cercanas al Gobierno. «Hay un plan, aunque ni yo mismo conozco al 100% cuál es», reconocía Javier Maroto, vicesecretario en políticas sociales del Partido Popular, en un desayuno informativo celebrado este martes.
El nuevo curso político apenas acaba de comenzar y el desafío secesionista de Cataluña ya otea en el horizonte. Menos de un mes, este es el tiempo que le queda a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, para atajar un problema que ha adquirido más relevancia, después de los atentados de Barcelona y toda la polémica surgida entorno a la manera de proceder de los Mossos y a la supuesta politización del ataque yihadista por parte del 'Govern'. La calma era la verdadera protagonista en las filas 'populares' hasta hace poco menos de dos meses, pero ahora fuentes cercanas al Ejecutivo reconocen que ha comenzado a florecer el nerviosismo ante la actitud de los mandatarios catalanes. Por su parte, el fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado este lunes en el solemne acto de apertura del año judicial que la Fiscalía actuará de manera «firme y enérgica» en defensa de la «patria común e indivisible «.
En el Partido Popular, todos confiaban en que al final la cordura se impusiese y Puigdemont no siguiera adelante con el referéndum ilegal, pero el proceso separatista no tiene freno y sus protagonistas están dispuestos a ir hasta el final, a pesar de que pudieran existir represalias legales para ellos. El Gobierno ya reconoció hace dos semanas que es imposible aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña «por razones temporales y jurídicas», aunque existen otras fuentes del Ejecutivo más optimistas que señalan la posibilidad de poder aplicarlo en áreas muy concretas de las principales consejerías involucradas en la convocatoria del referéndum, como son las de Educación e Interior.
Pasividad ante los posibles escenarios
En estos momentos, la realidad es que en Moncloa comienzan a estudiar otros escenarios que hasta el momento no habían contemplado porque confiaban en la ilegalidad del referéndum. Esta cierta 'pasividad' ha sorprendido incluso a los propios Servicios de Inteligencia: «Nos extraña que no nos hayan pedido informes sobre posibles viajes de miembros de la izquierda radical nacional y europea a Barcelona el día del referéndum. Creemos que han estado un poco lentos hasta el momento».
De todos modos, la versión oficial de los 'populares' es que sí existe un plan de actuación trazado y estudiado, aunque el Partido Popular no ha desvelado cuales son las líneas a seguir más allá de hacer cumplir la Ley, que es el discurso que ha mantenido desde que surgió el desafío secesionista catalán. «Claro que hay un plan, pero no descubrimos nuestras cartas porque no queremos que nuestro 'enemigo' sepa cómo vamos a actuar», reconocía Javier Maroto, vicesecretario en políticas sociales del Partido Popular, en un desayuno informativo celebrado este lunes. Durante este encuentro con los periodistas, el exalcalde de Vitoria también admitía conocer que cuerpo de seguridad tendría que retirar unas hipotéticas urnas colocas por la Generalitat, aunque tampoco ha querido desvelar cual.
Precisamente, la implicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es otra de las aristas del problema surgido por este proceso secesionista. Los Mossos d'Esquadra están en el candelero mediático desde los atentados yihadistas de Barcelona. En un principio, la opinión popular aplaudió su labor, pero tras filtrarse que este cuerpo de seguridad autonómico obvió un aviso de la CIA en el que advertía de un ataque terrorista en Las Ramblas durante el verano, todo cambió. Con respecto al referéndum del próximo 1 de octubre, la postura oficial es clara: cumplir la Ley, aunque no aclaran si se acogerán a la legalidad española o una supuesta Ley Catalana.
Sea como fuere, la realidad es que dentro de los Mossos existen cuatro grupos diferenciados de perfiles. El primero es la plana mayor, es decir, Pere Soler i Campins, director del cuerpo, y todo su equipo que se muestran favorables al proceso soberanista catalán. «Con la llegada de Turrul a Interior decidieron eliminar a cualquier persona que tuviera dudas sobre el referéndum», señalan fuentes policiales. El segundo grupo está formado por aquellos policías nacionales y guardias civiles que en su momento decidieron emigrar a los Mossos d'Esquadra por una mera cuestión económica. La mayoría de estos son en la actualidad mandos intermedios y se muestran contrarios al referéndum. Por último, se encuentran las bases, o lo que es lo mismo, los agentes que cada día salen a patrullar las calles de los pueblos, municipios y ciudades de Cataluña. Aquí existen dos corrientes, los nacionalistas catalanes y los que se sienten españoles. Ante la tibieza en las declaraciones Pere Soler sobre cuál será la postura de ls Mossos d'Esquadra, si finalmente el 'Govern' saca las urnas a la calle, hay algunos agentes que han comenzado a moverse para conseguir una baja de larga duración y no estar presentes así el próximo día 1 de octubre, según señalan fuentes policiales.
Carlos Lospitao