Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa al que durante varias legislaturas fue número dos de Rita Barberá y vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en el centro de la supuesta financiación ilegal del PP local para las campañas de 2007, 2011 y 2015.
Así consta en un informe de la UCO remitido al Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, responsable del conocido como caso Imelsa, en el que se investiga en varias piezas desde el supuesto blanqueo de capitales en el seno del PP municipal hasta adjudicaciones supuestamente irregulares efectuadas desde varias administraciones controladas por el PP.
En dicho informe se constatan las relaciones entre la empresa Laterne, a través de la cual se recaudaron supuestamente fondos -principalmente, entre empresas adjudicatarias de contratos públicos- para la financiación ilegal del PP local.
El informe se sustancia en torno a diversa información facilitada por un exasesor de Grau y exempleado de Laterne, Jesús Gordillo, que conservó la documentación que ahora sirve de prueba por orden de Grau, según declaró.
Así, los investigadores consideran a Alfonso Grau como el máximo responsable en el control de los trabajos que se realizaron para las elecciones municipales de 2007 y también como intermediario para la obtención de fondos que permitiesen afrontar el coste de dichos trabajos.
La Guardia Civil entiende que Grau contó con la colaboración de su amigo y empresario Vicente Sáez, ya fallecido, y de su estructura empresarial, especialmente la firma Laterne.
Según el contenido del informe, fue a través de esta empresa como se financiaron de forma irregular los trabajos dedicados a promocionar la figura de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante las campañas electorales.
La investigación revela la existencia «ya desde del año 2007» de una dinámica consistente en el empleo del grupo municipal del PP de Valencia para asumir cometidos propios del partido en relación con la organización y desarrollo de las campañas electorales.
Todo ello «con la finalidad de ocultar determinados gastos que por su naturaleza deberían tener reflejo en la contabilidad global de la formación política presentada ante el Tribunal de Cuentas».
En los años 2011 y 2015, el dinero en efectivo «recaudado» a distintos colaboradores o militantes se ingresó en cuentas del grupo municipal desde las que posteriormente se realizaban los pagos, en un proceso que también se investiga en el mismo juzgado.
Por el contrario, en 2007 -siempre según el informe de la UCO- «el dinero recaudado en efectivo no se llegó a ingresar en las cuentas del grupo, sino que se utilizó directamente para realizar los pagos a los distintos proveedores».
Por otra parte, también se ha constatado que, además de las entregas en efectivo, varias empresas adjudicatarias de contratos públicos durante la época de Rita Barberá pagaron directamente a Laterne los actos organizados por el PP local.
«La capacidad de disponer de elevadas sumas de dinero en efectivo, unido a las aportaciones de terceras empresas, fundaciones y organismos, permitió lograr que terceros sufragasen de manera efectiva gastos propios del partido, permaneciendo estos gastos ocultos a los órganos fiscalizadores que por lógica no pueden fiscalizar lo que, como en este caso, se les oculta», expone la Guardia Civil.
Estos hechos, unidos a los ya investigados respecto de las campañas de 2011 y 2015 «establecen la posibilidad de considerar la concurrencia en los hechos investigados de un posible delito electoral continuado».
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