Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ha clausurado en Zaragoza la reunión intermunicipal del PP, con un discurso centrado en Cataluña en el que ha pedido a los independentistas que den marcha atrás para «evitar males mayores». Y ha asegurado que Europa «no da crédito» con lo que está ocurriendo, de forma que a la falta de apoyo al proceso soberanista por parte los líderes europeos se suma ahora su «estupefacción» y el mensaje de ánimo al Gobierno para que preserve la ley y la unidad de España.
Rajoy ha prometido «serenidad» para dar respuesta a quienes en estos últimos días han «liquidado» las leyes, la soberanía nacional y su propio estatuto y se han saltado «a la brava y por la fuerza» la legalidad y los principios democráticos. Los mensajes del Ejecutivo se centran en las últimas horas en subrayar la importancia de que los alcaldes y los funcionarios municipales no colaboren en la celebración del referéndum. Por eso Rajoy ha insistido en remitir un mensaje a los alcaldes catalanes, sobre todo después de que ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidiera a los vecinos que «interpelaran por la calle» a los regidores que no acepten participar en la consulta.
«Tienen detrás a mucha gente y al Estado», ha dicho Rajoy de los alcaldes catalanes y al mismo tiempo les ha animado a cumplir con su obligación, «porque eso les dará tranquilidad a ellos y a la inmensa mayoría de sus vecinos». Y a este mensaje de apoyo y solidaridad se han sumado otros del presidente del Gobierno.
Así, ha pedido «aplaudir a los funcionarios», sobre todo, en estos momentos, a los letrados del Parlament «que cumplen con su deber legal pese a acciones y amenazas impropias de la democracia». Igualmente ha expresado su solidaridad y apoyo a todos los diputados de la oposición en la Cámara catalana, que fueron esta semana «pisoteados por una mayoría extremista radical impropia de la democracia». «Tienen sus derechos y nadie puede quitarles sus derechos», ha añadido.
Y, en resumen, ha dicho que el Gobierno se solidariza y apoya a todos los ciudadanos de esa «Cataluña sensata y moderada» que quieren que se respete la ley y los derechos de la ciudadanía: «Tengan la total y absoluta certeza de que sus derechos están garantizados y protegidos por la Constitución». En esta semana en la que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional todas las acciones del Parlament y la Generalitat encaminadas a celebrar el referéndum soberanista, que ya han sido suspendidas por el TC, Rajoy ha defendido ante los dirigentes del PP los pasos dados por el Ejecutivo.
Tras insistir en la «firmeza, inteligencia, aplomo, serenidad y proporcionalidad» con la que se está dando esa respuesta, también ha apuntado que el Ejecutivo lo hace «con la rapidez necesaria». En este sentido ha señalado que respetar el Estado de Derecho implica también respetar sus procedimientos y mientras los independentistas «corren» saltándose los pasos y «alejándose de la democracia», el Gobierno se atiene «con mucho gusto a las formas» y a los citados «procedimientos democráticos».
«No llega más lejos quien mas corre sino quien no se desvía del camino», ha advertido Rajoy, quien ha prometido que no piensa «abdicar» de las obligaciones por las que fue elegido, entre ellas la de preservar la unidad de España. En su discurso, Mariano Rajoy también ha subrayado el apoyo del Gobierno a la Fiscalía por las acciones que está tomando para parar el proceso. Entre estas acciones está la querella al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se expone a una pena de prisión por la convocatoria de la consulta.El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido en ese sentido que cabe esa posibilidad si Puigdemont fuera finalmente condenado.
En declaraciones a los periodistas también en Zaragoza durante la interparlamentaria, Catalá ha pedido al Govern que no someta a los funcionarios catalanes a «ninguna tensión» instándoles a que incumplan la ley colaborando en la organización del referéndum. Y ha insistido en que todos los funcionarios de Cataluña, incluidos los de las fuerzas de seguridad, deben saber que «tienen detrás todo el aval de la ley».
Precisamente, fuentes del Gobierno han contado hoy que muchos interventores y secretarios de ayuntamientos -a quienes se les remitió una carta recordándoles que deben cumplir la ley- han pedido ayuda al Ejecutivo para poder responder a las presiones de alcaldes o vecinos para que cedan locales para la consulta.
El Ejecutivo ha remitido a los interventores y secretarios que se lo han reclamado recomendaciones y documentación para que cuenten con argumentos jurídicos para responder. Hay también, no obstante, otras respuestas de interventores asegurando que colaborarán con la consulta y remitiendo, incluso, insultos al Gobierno.
EFE