Solo 3457 afiliados y afiliadas a la formación de Ada Colau han participado en la consulta sobre participación en el referéndum. 2053 han votado, sí, un 59,4%, mientras se han opuesto 1.404, un 40,6%. El voto «no» se corresponde, posiblemente, con el federalismo de izquierda presente en la formación y que ya expresó su opinión a través de Coscubiela en el Parlament.
El número de participantes revela, también, la debilidad organizativa de la nueva formación política. La participación no ha superado el 45%, de un censo que ronda las ocho mil personas.
Los federalistas han podido ser perjudicados por la técnica de votación. Los afiliados de más edad, alejados de las redes sociales, pertenecen a este sector.
La baja participación en la consulta a las bases y la división constatada conducen a la formación de Colau a la mayor ambigüedad: llamarán a votar, pero no harán campaña. No cederán locales, pero no pondrán a la policía municipal a evitar el voto. Una ambigüedad destinada a evitar por todos los medios la inhabilitación de la alcaldesa
Consecuencias penales
El secretario del Ayuntamiento de Barcelona dictaminó ayer que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.
En un informe de 15 páginas, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Mientras se conocía el dictamen del secretario general, Ada Colau informaba de un acuerdo con la Generalitat. «Se podrá participar» decía en un tuit la alcaldesa. Sin embargo, el segundo teniente de alcalde, socialista, confirmaba que tal acuerdo «no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido», y ha subrayado que el ayuntamiento no incumplirá la legalidad y hará caso del informe del secretario general del consistorio.
«Hemos hecho lo que dijimos que haríamos: no poner en riesgo ni a la institución ni a los trabajadores públicos», En consecuencia, parece que los locales habilitados seran de la Generalitat que no del Ayuntamiento.
Domingo Labrador