El Gobierno de Mariano Rajoy, ha decidido dar un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que pacte un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre las cuentas de la Generalitat.
Si en dicho plazo no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.
«El estado pasaría a pagar buena parte de las nóminas y a realizar un control de pagos. Se hará durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad, mientras los gobernantes de la Generalitat se sigan negando a cumplir la ley», ha afirmado Montoro en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa.
El Gobierno no descarta nada. «Actuamos con firmeza según actúen los secesionistas», dice el portavoz del Gobierno en relación a la posibilidad de aplicar el artículo 155.»Como ha dicho el ministro de Hacienda, con estas medidas lo que estamos haciendo es preservando el derecho de todos los catalanes. Esta es la situación en la que estamos y es la situación en la que nos vamos a mover», insiste el portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Cualquiera que lea las sentencias del Tribunal Constitucional sabe que ese referéndum es ilegal. Y el presidente del Gobierno no puede convertir algo ilegal en algo legal. Es que no le corresponde. No está contemplado ni en nuestra constitución ni en ninguna otra de un país cercano», dice Méndez de Vigo.
Marta de la Fuente