El Consejo de Ministros se prepara para intervenir la caja de la Generalitat. Da a Puigdemont un plazo de 48 horas para rectificar y abre diligencias contra la interventora general de la Generalitat. Montoro disciplina a los Bancos, dejando sin liquidez a Junqueras. El Consejo de Ministros sustituye a Hacienda en las relaciones económicas con Cataluña y los empresarios catalanes aparecen en el debate. El frente económico está abierto.
Como adelantó Estrella Digital el pasado día 11, la regulación de la financiación autonómica y el modelo de entregas a cuenta de los recursos financieros permitían a Hacienda un amplio margen de maniobra.
Como señal de firmeza ante la función pública, el Consejo de Ministros ha solicitado a la Fiscalía la apertura de diligencias contra la interventora general de la Generalitat.
La visita de Rajoy a Cataluña
Rajoy ha visitado Cataluña esta tarde, junto a otros dirigentes, para apoyar al PP catalán. El plazo que el Gobierno da a Puigdemont para su reflexión económica, coincide con la visita de Rajoy a Barcelona. El Gobierno desea la proximidad de Presidente y Vicepresidenta en ese plazo en el que Puigdemont y Junqueras deberían definir su política presupuestaria.
El control financiero
Junqueras anunciaba el pasado jueves que dejaba de enviar a Hacienda datos semanales de las finanzas catalanas y solicitó al Tribunal Supremo que suprimiera cautelarmente esta obligación, nacida el pasado 21 de Julio con el objetivo de que el Govern no realizara gastos destinados al referéndum.
A primeras horas de este viernes, el Supremo ha dictaminado que no hay argumentos para esas cautelares. Conocida la decisión del Supremo, Montoro ha propuesto al Consejo de Ministros, a través de la Comisión Delegada de Economía que pasa a asumir el control financiero de Cataluña, una herramienta que supone la preparación de la intervención de la Caja de la Generalitat.
La no disponibilidad
El Consejo de Ministros se ha dirigido a Puigdemont reclamándole que, en un plazo de 48 horas, declare “no disponibles» las partidas del presupuesto “no destinadas a servicios públicos fundamentales como Sanidad, Educación y Servicios Sociales”.
Si Puigdemont no lo hace, Montoro procederá a declararlo el mismo y pondrá en marcha “un mecanismo de pagos”.
La intervención de la tesorería
Montoro asumirá el pago de las partidas de los servicios básicos con los recursos que corresponden a la financiación autonómica. Montoro ha denominado la medida como “un sistema innovador del control de pagos”, sin utilizar la palabra “intervención”. En la práctica, el estado pagará gran parte de las nóminas de la Generalitat y los proveedores de los servicios fundamentales.
Las partidas esenciales de Cataluña son 1.400 millones de euros mensuales que la Generalitat recibe cada mes,como anticipo del sistema de financiación, que el Gobierno utilizará para estos pagos.
Aviso a los Bancos
Hay otros 250 millones de euros de tributos propios que la Generalitat administra. Hacienda ha advertido a las entidades financieras que no deberán pagar facturas ni ordenes de pago si no van acompañados de certificados de la Intervención General del Estado.
Los empresarios catalanes en juego
Vega Seoane y Piqué, en nombre del Círculo de Empresarios, han sido claros esta mañana: respaldan las medidas que adopta el Gobierno.
Los nacionalistas se agarran como clavo ardiendo a la expresión “grandes reformas” pero el “apoyo al ejercicio de los poderes del Estado, para garantizar el estado de derecho» ha sido nítido.
Vega Seoane, presidente del Círculo, ha presentado junto a Josep Piqué un manifiesto a favor de la unidad. Insisten en que «una Cataluña independiente no es viable» y denuncian el “uso partidista de las instituciones” catalanas.
Seoane ha dicho hoy que “los empresarios están horrorizados con lo que está pasando”. Ha añadido que “aunque el escenario de separación es bastante improbable”, hay empresarios que tienen “planes de reubicación”. Los empresarios estiman una pérdida del PIB catalán de “entre un 20% y un 30%”.
El FLA un arma aún sin usar
El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), recursos del estado para las Comunidades Autónomas para suplir el acceso de estas al mercado de capitales, no se le retira a Cataluña. Esta retirada supondría la inmediata rebaja de los “rating” por las agencias de calificación, y la imposibilidad de recurrir a los mercados financieros, dejando a la Generalitat en una difícil situación.
Cataluña, desde 2012, ha recibido 63.000 millones de euros por esta vía, el 30% del total estatal. Montoro considera que el FLA, que paga facturas directamente por Hacienda, no puede ser manipulado por la Generalitat y, por otra parte, su supresión podría perjudicar a los proveedores que podrían atravesar una difícil situación.
No obstante, es el siguiente obús que Montoro podría preparar en el frente económico.
Miguel de la Balsa