El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden a través de la cual el Estado sustituye a la Generalitat en los pagos de servicios públicos con el objetivo de que no se destine ninguna partida a financiar el referéndum secesionista del 1 de octubre.
La publicación en el BOE activa el plazo de 48 horas al Govern para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.
En caso de que el Govern no apruebe el acuerdo de no disponibilidad en el plazo establecido, el ministro de Hacienda lo adoptará y comunicará al presidente y la Intervención General catalana.
El Gobierno anunció ayer viernes el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que supone la intervención de las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicará los términos de esta decisión la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales -nóminas, sanidad, educación y servicios sociales-, la Generalitat deberá acreditar los pagos pendientes de la administración catalana y certificar que no van destinados al referéndum secesionista.
El Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.
Esta medida se prolongará, de acuerdo al texto publicado en el BOE, «hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma».
El Ejecutivo ha enviado el acuerdo adoptado a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.
El Gobierno también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros. Según el Gobierno, este mecanismo establece «la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo» ante la «incertidumbre» que está generando el proceso independentista.
El Gobierno adoptó este mecanismo de control de pago después de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, enviara el pasado jueves una carta al Ministerio de Hacienda en la que comunicaba que la Generalitat dejaba de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo haría el mensual.
El Tribunal Supremo rechazó ayer la petición de la Generalitat de que suspenda cautelarmente la obligación que le impuso el Gobierno central de informarle de sus gastos.
Según la Generalitat, la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Cataluña supone que el Ejecutivo «ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás».
El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, advirtió ayer de que habrá «batalla jurídica» en el Estado y también en la UE contra esta medida.
EFE