La fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado denuncia ante el tribunal para que investigue si las reacciones de apoyo a los detenidos por orden judicial el pasado día 20 fueran constitutivas del delito de sedición. La fiscalía señala a Jordi Cuixart y Jordi Sanchez, presidentes de Omnium y de la ANC como instigadores. Un delito de esta naturaleza puede conducir a 15 años de prisión.
La Audiencia pide que se investiguen “las concentraciones y manifestaciones destinadas a impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en defensa del ejercicio del ordenamiento constitucional”.
En el escrito de la fiscalía se explica que Cuixart se dirigió a los manifestantes dirigiéndose a ellos desde un vehículo de la Guardia Civil, acompañado de Sánchez. La fiscalía identifica que eran actitudes planificadas que contaron con abastecimiento de agua y bebidas, junto a alimentos.
¿Por qué sedición?
La fiscalía sostiene que durante estas protestas se incurrió en el delito que describe el artículo 544 del Código Penal: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
La Fiscalía considera que las manifestaciones acaecidas en las calles de Barcelona han sido “tumultuarias”, coincidiendo con los argumentos que han dado hoy mismo el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en la carta al conseller Joaquim Forn, y el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, quienes han justificado los refuerzos policiales en Barcelona de forma reiterativa en el adjetivo tumultuario. El término no es gratuito ya que el artículo 544 del Código Penal, que define el delito de sedición, requiere del alzamiento “público y tumultuario” para que se cumpla el tipo penal.
La denuncia habla de “movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición”. “Muchedumbre” y “turba” son otras de las palabras repetidas en la denuncia, que suscribe el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, y que detalla el ataque a tres vehículos oficiales de la Guardia Civil e incluso el uso de disparos de los agentes para evitar “el ataque inminente” a un furgón policial en la sede de la CUP.
Domingo Labrador