La empresa escogida por la Generalitat de Catalunya para construir su red informática secreta por cerca de cuatro millones de euros está repetidamente denunciada a lo largo de sus cambios de nombre o societarios por precariedad laboral hasta el punto de que esto le inhabilitaría para ser contratada por el sector público, según sostiene CCOO apoyada en sentencias firmes.
Igualmente, tiene poderosas deudas con la Seguridad Social y Hacienda (1,5 millones de euros en 2016, 2,4 millones en 2015) , algo que en principio le impediría recibir adjudicaciones según la ley de contratos públicos.
Parte de estos obreros mal pagados o despedidos para luego subcontratar servicios son ciudadanos que habitan en la república catalana que intenta construir Puigdemont. Su régimen laboral les aproxima más a Taiwán que a España. Pero es la vía urgente escogida por el Govern para dotarse de una red informática b. No hace ascos a estos empresarios como compañeros de viaje mientras en la calle las masas de izquierda apoyan sus preparativos ilegales para forjar su soñada república.
Esta empresa factura al año más de 50 millones de euros con menos de mil trabajadores. Dice pagarles 36 millones de euros al año, lo que daría casi unos 3.000 euros brutos mensuales por empleado. La realidad es otra.
Muchos de los empleados que deberían construir la red informática clandestina de Puigdemont se rigen por el convenio de los 'call center'. Esto les impone un salario mileurista. O la empresa tiene una brecha salarial enorme o el dinero contabilizado como pagos de personal no se dedica al pago de personal propio sino subcontratado, como denuncian los sindicatos.
El régimen laboral de Taiwán no es metáfora para los informáticos de la empresa escogida por el Gobierno de Puigdemont. La firma tiene múltiples ramificaciones en Asia: Singapur, Hong Kong, China, Vietnam. Les deriva y factura servicios.
En 2013, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, reciente blanco de detenciones y registros por crear la estructura separatista, firmó un contrato por 62 millones de euros con el embrión de esta firma para transformar el entorno informático de la Generalitat en una infraestructura basada en 'cloud' (en la nube) que operase de forma más eficiente y mejorase el servicio a los ciudadanos.
Tenía una vigencia de 10 años, y debía trasladar la infraestructura del CTTI desde un centro de datos propio a un entorno 'cloud' seguro. La firma debía continuar gestionando el entorno informático de la organización al tiempo que lo migraba hacia una 'cloud' privada situada en Barcelona.
Pese a tanto contrato multimillonario, la realidad laboral de esta empresa mutante y mimada por la Generalitat es precaria.
En junio pasado, CCOO denunciaba lo siguiente: “ Nos reunimos con el director general de Relaciones Laborales de la Generalitat delegados de CCOO y UGT en Catalunya, a raíz de las nuevas sanciones interpuestas contra la empresa por la subcontratación ilegal y con motivo de la fusión en xxx (el nombre se omite para no entorpecer las investigaciones policiales). Recordamos que la Generalitat es cliente de xxx y el hecho de cometer faltas muy graves, como es la cesión ilegal, puede suponer que la empresa pierda la capacidad de trabajar para la Administración».
«Es una situación peligrosísima», denunciaba COOO al Govern, «pero lo más grave es que la empresa no está reaccionando para ajustarse a la legalidad, incorporando a la gente en plantilla por su propia voluntad, sino que deben ser los trabajadores los que demanden esa incorporación».
El relato de dicha reunión sindical con la Generalitat continuaba así: «Es una actuación sumamente irresponsable, por las consecuencias que puede tener y por la reiteración en las faltas. Es la segunda vez que se le sanciona en Catalunya por este motivo. Desde la Generalitat nos transmitieron su malestar por la aparente falta de compromiso de la empresa con la legislación laboral de nuestro país y con los trabajadores, no es tolerable que empresas que se llenan la boca de Responsabilidad Social Corporativa, actúen luego de esta forma”.
Un responsable sindical de CCOO lo resume así:” La subcontratación es una práctica que afecta fuertemente al sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en general y específicamente a XXX. No la subcontratación de servicios, como seguridad o limpieza, sino la del trabajo habitual de las empresas TIC. Algunas veces se cumplen las leyes en este aspecto, pero otras esta subcontratación toma la forma de realquiler de personas”.
“En concreto en esta empresa,», prosigue este líder sindical, «en los últimos años las plantillas de las empresas del grupo no han parado de disminuir, rozando un ERE encubierto, mientras la subcontratación no ha parado de crecer casi en los mismos números. Así, desde el punto de vista de la compañía se cambia empleo estable por empleo precario que depende exclusivamente del contrato mercantil de “puesta a disposición” de trabajadoras y trabajadores. Desde la Sección Sindical de CCOO en las empresas de XXX hemos denunciado esta situación, tanto ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como acompañando las denuncias ante los Juzgados de lo Social de aquellas trabajadoras y trabajadores subcontratados que han decidido denunciar su “cesión ilegal».
«Estas denuncias han supuesto sanciones de Inspección, tanto en Catalunya cómo en Aragón, de cientos de miles de euros, y que desde el verano de 2016 se hayan incorporado a las plantillas de XXX una docena de trabajadores/as procedentes de empresas subcontratadas”, concluye dicho dirigente sindical.
La Generalitat de Puigdemont conoce la precariedad laboral de esta empresa y, según Interior la recontrata clandestinamente para fabricar su república catalana: La patria está por encima de sus trabajadores. La Generalitat les dijo a los empleados que la actuación de la empresa no era acorde con la legislación de nuestro país. Omitió decir qué país era el suyo, ése que protegía a sus trabajadores.
Francisco Mercado