Esta organización criminal de origen rumano se dedicaba a la explotación sexual de mujeres de su país, a las que engañaban para que viniesen a España y, una vez aquí, las obligaban a ejercer la prostitución en las calles de Ibiza.
En esta operación los agentes han liberado a siete víctimas, dos de ellas en España y otras cinco en Rumanía, ha concretado la Policía en su comunicado.
La organización, «perfectamente estructurada», captaba a mujeres jóvenes procedentes de los estratos sociales y económicos más bajos de Rumanía, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Para ello se servían de varios métodos de engaño: unas veces a través de miembros varones de la organización, conocidos como «lover-boy», para obtener el consentimiento de las víctimas y viajar con ellas a España.
Otras veces eran mujeres quienes las convencían, asegurándoles un trabajo digno que las permitiría mejorar considerablemente su nivel de vida.
Una vez en España eran acompañadas por otros miembros de la red hasta Ibiza, donde conocían el verdadero motivo de su viaje: ejercer la prostitución callejera.
En ese momento se les explicaban la rígidas reglas que tenían que seguir y cómo debían comportarse para captar clientes, disponiendo de «controladoras» que las vigilaban constantemente, e incluso ejercían la prostitución con ellas para fiscalizar todos sus movimientos y el dinero que ganaban.
Las jóvenes debían ejercer la prostitución en la vía pública todos los días durante «interminables» jornadas y entregaban a sus «controladoras» todo el dinero ganado.
Si se negaban a prostituirse o decidían abandonar la organización, sufrían toda clase de amenazas y eran agredidas físicamente. No podían salir ni relacionarse con nadie que no fuera del mundo de la prostitución.
Además, si hablaban con la Policía eran enviadas de nuevo a Rumanía, donde también las mantenían retenidas.
Tampoco les permitían mantener ningún tipo de relación sentimental; si esto ocurría, la organización coaccionaba a sus parejas solicitándoles entre 10.000 y 15.000 euros por dejarlas libres.
Los agentes han podido constatar que todos los investigados mantenían un elevado nivel de vida a pesar de no desarrollar actividad laboral legal alguna.
El cabecilla de la organización había llegado a constituir su propia empresa en su país gracias a los beneficios obtenidos.
Durante la operación, los investigadores realizaron dos registros domiciliarios en Ibiza en los que intervinieron varios terminales móviles de última generación, resguardos de envíos de dinero a Rumanía, billetes de avión y diversos cuadernos con anotaciones relativas al control de las víctimas.