La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado este viernes como investigados (imputados) por un delito de «sedición» al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero; al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y a una intendente de la policía catalana.
Fuentes jurídicas han confirmado que la citación es para el próximo viernes en relación al asedio de la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre mientras las fuerzas de seguridad llevaban a cabo un registro en su interior.
Tras el asedio, la Fiscalía denunció los hechos como constitutivos de un delito de sedición y la juez la admitió a trámite al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno. Como primera diligencia de investigación, la juez pidió el informe del instituto armado que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la conselleria, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.
Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.
En una de esas peticiones, se traslada a la intendente de los Mossos la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían «armas largas» y que si los manifestantes accedían a los vehículos «podría incrementarse la amenaza de forma muy importante».La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era «mantener la situación».
El relato de los guardias que actuaron revela que los agentes que custodiaban la puerta se vieron obligados a entrar en el edificio para evitar «el enfrentamiento directo» ante la actitud «cada vez más hostil» de los manifestantes. Y, a medida que avanzaba el día y crecía el número de asistentes, la Guardia Civil constata que la protesta estaba coordinada y organizada, incluso con avituallamiento y con voluntarios que formaron una cadena humana para permitir la salida del edificio de las autoridades y trabajadores, pero no de la comitiva judicial.
A las diez de la noche se dio por finalizado el registro, pero la comisión judicial «quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad». Dos horas después, Sánchez y Cuixart, subidos a un vehículo de la Guardia Civil -que ya habían sido destrozados- arengaron a los asistentes a persistir en la protesta. A juicio de la Guardia Civil, ambos demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba «coaccionando» a los agentes.
Más tarde, «la masa» intentó acceder al edificio por la fuerza. El testimonio de uno de los agentes dice: «El ambiente en el exterior era muy tenso y hostil, tirando objetos e insultando constantemente a los guardias civiles. También realizaban cánticos en los que decían 'esta noche dormiréis aquí' (…) sobre las 3 de la mañana hubo una carga violenta de los manifestantes contra las puertas en la que por parte de unos 15 agentes de Mossos y Guardia Civil hubo que aguantar las puertas, puesto que parecía que la masa podía tirarla abajo y acceder».
Para entonces, la secretaria judicial había salido por un teatro anexo camuflada entre el público que había ido a la función. Los agentes salieron entre las cuatro de la mañana y las siete. Además, el informe deja constancia de que aquel día la Guardia Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona, en Sabadell, en Hospitalet, Les Franquesas del Vallés, Vic, Tarrega, Lleida, Manresa, Reus y Valls.
El mayor de los Mossos d'Esquadra alegará ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que le ha citado como investigado por sedición, que la policía catalana ha cumplido «estrictamente» las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O.
En una serie de mensajes en Twitter y en una carta que la cúpula de los Mossos ha remitido a todos los agentes, los mandos de la policía catalana aseguran que en la comparecencia judicial el mayor aportará toda la información sobre las actuaciones que la policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre.
Trapero también alegará ante la juez que en todas las intervenciones de las últimas semanas relativas al referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, los Mossos han cumplido «estrictamente» las órdenes judiciales y de la Fiscalía, «con el máximo rigor y profesionalidad».
En el escrito remitido a todos los agentes por la jefatura de los Mossos d'Esquadra se muestra su «plena confianza» en la labor llevada a cabo por el cuerpo en relación con el referéndum, ya que nunca han dejado de trabajar «con profesionalidad y respeto a la ley», y les insta a seguir trabajando en la misma línea. «Pedimos que los Mossos mantengan la confianza en su trabajo diario de servicio a la ciudadanía y continúe ejerciendo con normalidad sus funciones con la misma dedicación y profesionalidad, como lo ha venido haciendo hasta el momento», sostiene la misiva.
Los mandos de los Mossos agradecen el apoyo público y reconocimiento que han recibido en los últimos meses, pero subrayan que la «normalidad» que invocan para poder seguir trabajando como hasta ahora es «la mejor muestra de apoyo que en estos momentos se puede recibir».
De hecho los Mossos han pedido que se les deje al margen de los actos de apoyo que se puedan convocar para arropar a los líderes de la ANC y de Omnium tras su imputación, para dejar claro que no mantienen ninguna vinculación política con los responsables del proceso soberanista y que su labor es profesional e independiente.
La juez Lamela ha acordado citar a Trapero tras un informe de la Guardia Civil, que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la conselleria de Economía, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.
Además de las peticiones por escrito, los agentes del instituto armado pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente jefa de los Mossos en la comisaría del Eixample de Barcelona, Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.
Estrella Digital/EFE