El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, vuelve mañana lunes a la Audiencia Nacional para declarar como imputado de sedición, a la vista de un segundo atestado policial que acusa a la policía catalana de «inacción» en los disturbios del 20 de septiembre y durante el 1-O. Lo hará junto con los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y la intendente de los Mossos Teresa Laplana; todos ellos investigados por sedición, un delito penado de entre 8 a 15 años de cárcel.
Están citados a partir de las nueve de la mañana, una hora antes de que venza el plazo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que confirme si declaró la independencia de Cataluña en el Parlament, como paso previo para adoptar futuras medidas.
Los cuatro imputados ya declararon el pasado día 6 ante la jueza Carmen Lamela, que investiga el asedio a la Guardia Civil durante los registros policiales del 20 de septiembre y quien les ha vuelto a citar tras recibir un nuevo informe del instituto armado que extiende los hechos al 1-O. Ese día, la Fiscalía no pidió ninguna medida cautelar contra ellos y es una incógnita si mañana lo hará en vista del extenso informe de la Guardia Civil que los responsabiliza de la inacción de los Mossos, por un lado, y de alentar las movilizaciones, por otro.
Según han informado fuentes de los Mossos, Trapero acudirá a su cita en la Audiencia Nacional, si bien aún no se sabe si lo hará la intendente debido a los motivos de salud que ya le obligaron a declarar el día 6 por videoconferencia. También irán a declarar Sánchez y Cuixart, apuntan fuentes cercanas a las entidades soberanistas.
Tanto la jueza como la Guardia Civil creen que Sánchez y Cuixart «forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar» para conseguir la independencia de Cataluña e, incluso, les sitúan «en una posición decisoria similar» a la que ostenta la cúpula de la Generalitat, mientras que Trapero sería el brazo ejecutor del plan independentista.
Lamela ha citado también para mañana, en calidad de testigos, a dos guardias civiles y a la secretaria judicial que ese 20 de septiembre, ante la concentración que mantuvo a varios agentes encerrados en la Consellería de Economía durante casi 24 horas, tuvo que salir del edificio por un teatro anexo camuflada entre el público.
En este nuevo atestado, la Guardia Civil extiende los hechos hasta el día del referéndum y considera «evidente» que el comportamiento de los mossos durante la preparación y la celebración del 1-O no respondía a la voluntad individual de los agentes.
Al contrario, era parte de un «plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de Mossos», comandada por Trapero «y en conexión directa con miembros del comité estratégico», entre ellos Puigdemont.
Sin embargo, según declaró el mayor de los Mossos el día 6, la actuación del cuerpo durante el asedio a la Guardia Civil fue «correcta y necesaria» pese a que no se les avisó «con suficiente antelación».
El líder de ANC únicamente contestó a las preguntas de su abogado y definió la «manifestación» del 20 de septiembre como «pacífica y no violenta» y que no pretendía «alterar el orden». Jordi Cuixart, sin embargo, declinó contestar a las partes.
Ambos plantearon una declinatoria de competencia a favor de los juzgados de Barcelona, que fue rechazada por Lamela en un auto en el que reiteraba la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación del delito de sedición al tratarse de unos hechos que supusieron «un ataque a la forma de gobierno».
Para Lamela, no se tratan de hechos «aislados» sino que formaron parte de una hoja de ruta para la independencia, donde ANC y Òmnium juegan un papel «esencial».
En ese 20 de septiembre, hasta en seis ocasiones pidió ayuda por escrito el instituto armado a los Mossos -contestando éstos horas después y de forma escueta-, y también solicitó auxilio a la intendente Laplana, si bien hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.
EFE