La estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy -o, para muchos, la inexistencia de ella- ha hecho movilizarse al PSOE. El partido de Pedro Sánchez ha ido tratando de asegurar cada paso de su posición frente al desafío independentista catalán de la mano del Gobierno, pese a su inicial reticencia a apoyar medidas iniciadas del PP. Pero, sobre todo, Ferraz ha conseguido hacerse con la iniciativa de la comunicación de las medidas que darán los partidos constitucionalistas frente a los movimientos del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El protagonismo de los socialistas ha ido ‘in crescendo’ desde el pasado 11 de octubre, cuando Sánchez anunció que apoyaría las medidas de Mariano Rajoy a cambio de iniciar una reforma constitucional. Y, más aún, con su confesión de que las negociaciones con el presidente del Gobierno habían durado semanas, con un inicio de las conversaciones que algunas fuentes socialistas sitúan a comienzos de septiembre. La longevidad de esos contactos han dado el empaque que necesitaba un acuerdo entre los dos principales partidos y han dejado a un lado a Ciudadanos, pese a que las conversaciones entre Albert Rivera y Mariano Rajoy también han sido abundantes.
En el caso del PSOE, la situación era más complicada. Hasta ese momento, las críticas voraces hacia el secretario general del partido, desde dentro y desde fuera de sus propias filas, estaban colocando al partido en una posición complicada respecto a la crisis catalana. Tanto, que los propios pasos de la dirección fueron confusos al pedir la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por las cargas policiales del 1 de octubre.
Desde entonces, sin embargo, ha sido el PSOE el que ha ido liberando pistas sobre la respuesta ‘constitucional’ a la crisis, una fórmula que les ha permitido resituarse como bisagra dentro del tablero político mientras el Gobierno solo ha reaccionado a los envites del ‘president’ con la ley en la mano. Todo está pactado, insisten desde PP y PSOE, pero quienes salen a contarlo son los socialistas, una situación que podría resultar ventajosa al colocarles en el foco político. Sin embargo, hace desconfiar a algunos dentro del PSOE, por tener que ser precisamente ellos quienes salgan a dar la cara ante la incertidumbre de la respuesta que llegue desde Barcelona. Algunos defienden que el Gobierno “no quiere quemarse”; otros, que desde el 1 de octubre “están paralizados”, según explican a Estrella Digital.
El último ejemplo del Gobierno a remolque se ha cristalizado este viernes, cuando la secretaria de Igualdad de los socialistas y exministra, Carmen Calvo, ha anunciado que Gobierno y PSOE habían pactado la celebración de elecciones en Cataluña en enero. Calvo, una de las delegadas de Sánchez para llevar a cabo las negociaciones con el Ejecutivo, ha abierto el debate de uno de los asuntos más espinosos de la crisis. De hecho, fuentes socialistas aseguran que esta fecha no está cerrada en las negociaciones y que ese es, precisamente, uno de los aspectos que tendrá que definirse según se vayan desarrollando los acontecimientos. E, insisten tanto en público como en privado, en que su postura implica que la aplicación del 155 sea “durante el menor tiempo y espacio posible”.
Y eso es lo que ha dicho Mariano Rajoy desde Bruselas. El presidente ha explicado que las medidas ya están pactadas con el PSOE y que coincide en que la aplicación del mecanismo constitucional sea “limitado”. “Estoy de acuerdo porque hemos llegado a un acuerdo”, ha dicho, aunque ha eludido contestar a que la celebración de las elecciones se celebren en enero. “Las medidas se anunciarán este sábado”, ha dicho Rajoy.
Influencia del PSC
La cercanía de la fecha es leída para muchos socialistas ajenos a la dirección como un resultado de la presión del PSC, a quien le gustaría que la intervención durara lo menos posible. Sin embargo, Ferraz también ha eludido confirmar la fecha fijada por Carmen Calvo. Otros leen este anuncio como una medida de presión para la Generalitat, en un momento en el que los anuncios y contraanuncios se han convertido en la única artillería política con la que cuentan los partidos.
Además, desde la dirección y el propio Pedro Sánchez han insistido en que todas las decisiones se han tomado en coordinación con el PSC e insisten en ser cautelosos en sus anuncios: no quieren presumir demasiado del buen entendimiento con el PP, ya que una “parte del electorado es reactiva” a estas medidas.
Crítica a la gestión de Saenz de Santamaría
Mientras, en el PP los movimientos se suceden, aunque no trasciendan. Nadie se atreve a poner en tela de juicio la gestión del Gobierno, aunque existe una crítica “generalizada y contenida” hacia la vicepresidenta del Gobierno fundamentalmente. “No ha sabido gestionar la situación y los errores se cuentan a puñados”, explica una fuente ‘popular’ a este diario. “La comunicación exterior ha sido muy mala. Ha sido un fiasco nacional e institucional. Una catástrofe”, se lamentan.
De hecho, en espera de que el Gobierno explique en qué se materializará el artículo 155, muchos dentro del PP y del propio PSOE hablan de la celebración de “elecciones autonómicas y generales para el mes de junio”.
Paula Pérez Cava