El 27 de septiembre de 2015 se celebraban elecciones al Parlamento de Cataluña. Menos de dos años después y cuando quedaban otros tantos para agotar la legislatura el Gobierno de Puigdemont licitó la compra de urnas y papeletas para unas elecciones al Parlamento catalán nunca convocadas. El monto manejado de fondos públicos ha superado el millón de euros.
El 23 de mayo de 2016 el Gobierno de la Generalitat cerraba el plazo de presentación de ofertas para suministrar “urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana”. La Generalitat decía hacer todo ello en el marco de la ley orgánica 5/1985, del régimen electoral; la disposición transitoria del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006; la ley de 2010, de consultas populares por vía de referéndum; la ley 10/14 de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana de la ley orgánica 2/1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum”.
En suma, Puigdemont quería comprar urnas pero no sabía bien para qué, si para unas elecciones o un referéndum. Lo malo es que por entonces no había atisbo alguno de una convocatoria adelantada de elecciones al Parlamento catalán. Ni tampoco había fecha ni vía legal para un referéndum de autodeterminación, que no pasa previamente por comprar urnas sino por tener la aquiescencia del parlamento español.
Más llamativo era que el Gobierno de Puigdemont requería dos lotes de urnas diferentes: de plástico y de cartón. Todo ello partía de un presupuesto de 242.000 euros. Algunas de las empresas retiraron sus ofertas. ¿Temieron incurrir en un acto ilegal? La Generalitat declaró oficialmente desierto el concurso, pese a que tenía dos empresas que no habían retirado sus ofertas. ¿Se contagió la Generalitat del temor legal de sus candidatos a contratista? Los argumentos verbales posteriores de los empresarios implicados para explicar el parón a su contratación parecen poco creíbles: que la Generalitat no garantizó el pago o toda la información necesaria.
Las empresas licitadoras sabían que no concurrían para unas elecciones porque no había ninguna en el horizonte y si se trataba de un referéndum debían ser conscientes tras la experiencia del 9N que jugaban muchos boletos de ilegalidad.
Sin embargo, mientras que aquí la Generalitat se retiraba formalmente de la compra de urnas el 28 de junio de 2017, otra cosa es la vía china que investiga la Guardia Civil, en paralelo seguía otra licitación que sí fructificó: la compra de papeletas y sobres electorales.
Esta vía de aprovisionamiento se había cerrado para presentación de ofertas en mayo de 2017. Y se adjudicó el 8 de junio de 2017 por casi 900.000 euros.
Algo había curioso en el contrato: su duración era de cuatro años. Sin embargo su leyenda justificativa rezaba lo siguiente: “Acuerdo marco para suministrar el material electoral necesario para la celebración de elecciones al Parlamento de Cataluña». Pero Puigdemont no preveía ninguna elección similar entonces. Y en un plazo de cuatro años las papeletas pueden ser inservibles porque cambien los partidos o porque haya desaparecido la empresa contratada.
En ambos concursos se presenta una necesidad de dudosa realidad -elecciones al Parlament-, o presuntamente ilegal -referéndum, qué referéndum- y esto, según expertos jurídicos consultados, puede dar lugar a actuaciones por alcance contable o malversación o prevaricación, consumada o en grado de tentativa, respecto de los gestores de los fondos públicos. Todo ello podría incardinarse e investigarse en el seno de las querellas promovidas por la fiscalía o por VOX donde se analizarán todos los gastos públicos sospechosos de conexión con el 1-O para analizar su legalidad.
Es decir, a juicio de dichos expertos, toda esta licitación aparenta ser un calco del 9N, donde más allá de la responsabilidad por secundar un acto sedicioso, sus responsables han de devolver 5 millones de euros por su gasto irregular tras determinar el Tribunal de Cuentas un daño a las arcas públicas, lo que se denomina un alcance contable.
Francisco Mercado