Mariano Rajoy fue investido hoy hace un año por segunda vez como presidente del Gobierno e inició un nuevo mandato condicionado por la situación en Cataluña, ante la que ha respondido esta semana con el artículo 155 de la Constitución y convocando elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
En esas decisiones confía para que se restablezca la normalidad después de los pasos que ha ido dando el independentismo en los últimos doce meses y que han hecho realidad su amenaza de que proclamaría la república catalana.
Desde que el 29 de octubre de 2016 Rajoy consiguió 'in extremis' los votos necesarios para un segundo mandato gracias a la abstención de la mayoría de diputados socialistas (decisión que costó la dimisión de Pedro Sánchez como su líder y su renuncia al escaño), Cataluña se situó al frente de sus preocupaciones. Pero eso no impidió que tras las dudas iniciales sobre la existencia de una legislatura larga por la supuesta debilidad de los apoyos con los que contaba, se consiguieran acuerdos que abrían la puerta a la estabilidad.
El ejemplo más claro fue la aprobación de los presupuestos del Estado de 2017 después de que el PNV y Nueva Canarias los avalaran aunque no sin contrapartidas a cambio. En el primer caso con un acuerdo sobre el cupo vasco.
Todo parecía despejar el camino para que también el Gobierno contara con el respaldo necesario a los presupuestos de 2018, pero ahí sí que han sido los acontecimientos en Cataluña los que han impedido que ese deseo del Ejecutivo se convirtiera, al menos de momento, en realidad.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sido el argumento al que ha recurrido el PNV para justificar que no apoye ahora las cuentas del Estado.
No renuncia Rajoy a que puedan ver la luz en los próximos meses porque considera que contribuirían a seguir por la senda del crecimiento económico y el empleo de los últimos años. Y en ese contexto advierte: el independentismo extiende la sombra de la recesión sobre Cataluña y afecta a las previsiones económicas de toda España.
El presidente del Gobierno ha explicado públicamente que si algo positivo ha tenido la situación en Cataluña es que han puesto de manifiesto las «mentiras» del hasta ahora presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del resto de dirigentes soberanistas.
A ese efecto positivo confesado por él puede sumar el acercamiento a Pedro Sánchez cuando parecía que era imposible cualquier tipo de acuerdo entre ambos.
Han sido continuas sus conversaciones en las últimas semanas, como lo han sido también las que ha mantenido el presidente del Gobierno con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pero la foto a tres no ha llegado.
Desde la investidura de hoy hace un año y el nombramiento seis días después de los ministros que conforman el actual Gobierno, se abrió una etapa que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, define como «Rajoy2» y en la que la distribución de escaños obligó a que la palabra mas escuchada fuera «diálogo».
No ha sido suficiente para evitar una limitada tarea legislativa en los últimos 365 días, aunque de su mano se llegó a otros acuerdos como el decreto de reforma de la estiba o el pacto de Estado contra la violencia de género.
Sólo se desmarcó de ese pacto el partido de Pablo Iglesias, quien protagonizó en junio sin éxito la primera moción de censura presentada en treinta años contra un presidente del Gobierno.
Sí consiguió el líder de Podemos su reelección en ese cargo en la Asamblea de su partido celebrada en febrero mientras, casi al mismo tiempo y con sólo unos kilómetros de por medio, Rajoy obtenía de nuevo el respaldo de los suyos para revalidar el liderazgo del PP.
Rivera lograba igualmente renovar el suyo al frente de Ciudadanos unos días antes y Pedro Sánchez volvía a Ferraz tras triunfar en primarias en mayo frente a Susana Díaz y ser ratificado después en el 39 Congreso del PSOE.
En medio de todo ello, los casos de corrupción volvieron a copar portadas con protagonistas como Rodrigo Rato, Ignacio González o Iñaki Urdangarín, y por primera vez en democracia un presidente del Gobierno fue llamado como testigo en un juicio. Rajoy tuvo que hacerlo ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.
Una situación desagradable cuando menos para él, como lo ha sido para sus ministros Cristóbal Montoro (que vio cómo el Tribunal Constitucional tumbaba su amnistía fiscal), Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido y Alfonso Dastis sufrir la reprobación de la mayoría del Congreso aunque eso no tenga ningún efecto en la práctica.
Cataluña no sólo ha sido noticia por el proceso independentista y la respuesta de las instituciones. En pleno mes de agosto fue centro de atención internacional por los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona).
La unidad ante esas acciones terroristas no tuvo continuidad en el terreno político, y en el último mes y medio se han ido precipitando los acontecimientos entre partidarios y detractores de la independencia con un punto de inflexión: el referéndum del 1 de octubre al que el Gobierno y la Justicia no dieron validez alguna.
El río de actuaciones de uno y otro lado desembocó el viernes en la aprobación por parte del Gobierno, y con el preceptivo aval del Senado, de una serie de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución que han supuesto el cese de Puigdemont y del resto de miembros del Govern, la asunción de sus competencias por el Ejecutivo central y la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre.
Lo que ocurra en los próximos meses puede condicionar también la duración de la legislatura en la que hoy Rajoy cumple un año como presidente reelegido. En diciembre cumplirá seis como inquilino de la Moncloa.
EFE