El expresident Carles Puigdemont esgrime el argumento de que, aun estando en Bélgica, todavía puede colaborar con la Justicia, en su recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de no admitir su personación en la causa por el «procés» independentista.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó el pasado 13 de diciembre al expresident catalán Carles Puigdemont y a sus dos exconselleres huidos en Bélgica Clara Ponsatí y Lluís Puig la posibilidad de personarse en la causa que instruye contra el Govern cesado, lo que supone que no tendrán acceso a las diligencias hasta que no regresen a España y comparezcan ante el juez.
A esa providencia han respondido los abogados defensores de Puigdemont y los exconsellers mediante un recurso que argumenta que, si bien «ciertamente, la presencia de los investigados en la causa puede aportar su visión directa de los hechos acaecidos», aun estando en Bélgica los imputados pueden «colaborar en la instrucción de la causa».
Los abogados centran sus argumentos en que «no autorizar la representación de los imputados vulnera gravemente su derecho de defensa».
«La configuración legal, los límites y las excepciones al derecho a la asistencia técnica de un abogado para todas las personas investigadas, detenidas o presas ha experimentado una trascendente evolución en el ordenamiento internacional, europeo y estatal en el sentido de garantizar su plenitud», dice el escrito.
Y, sobre esa base, defiende que, a pesar de que el juez no cuenta con «la presencia de los investigados en la causa», ello no justifica que «se vean privados de un derecho tan esencial como es el de ser asistidos por un abogado» personado en la causa.
Por otra parte, la exconsellera Dolors Bassa y el líder independentista Jordi Cuixart, también imputados en el caso instruido por Llarena en el Supremo, han presentado recursos de apelación contra la providencia del juez dictada el pasado 11 de diciembre en la que daba el pistoletazo de salida a su investigación del asunto.
Ese día Llarena pidió datos objetivos a la Guardia Civil sobre distintos aspectos del proceso investigado, para saber si hubo un concierto para la independencia entre los representantes de CDC, ERC y las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia, y en qué actos concretos se plasmó ese supuesto plan.
La providencia hacía referencia expresa al documento EnfoCats, que parece haber reflejado la estrategia resultante del citado concierto, pero Dolors Bassa manifiesta que desconocía su existencia y pide incluso al Supremo que solicite a la Policía que informe de si en cualquiera de las conversaciones grabadas a los imputados antes del 20 de septiembre se alude al citado documento.
Además, reprocha al juez, al igual que Cuixart, el carácter genérico de las diligencias que ordena investigar.
En este sentido, la defensa de Cuixart considera que se vulnera su derecho a la defensa permitiendo que sea la policía judicial la que decida las diligencias a realizar a partir de esas instrucciones del magistrado que considera genéricas.
Los abogados de Bassa también consideran que se ha vulnerado su derecho a la defensa.
EFE