España llevaba ocho años de recuperación económica, creciendo por encima del resto de Europa y sin aumentar su desequilibrio exterior, ha subrayado Rato durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis, rememorando su época de ministro.
Después de ese periodo, en su opinión, era necesario adoptar más medidas, entre otras, para evitar la explosión del crédito y cambiar las leyes para las cajas, sin embargo, ha añadido, «lamentablemente» esas reformas fueron abandonadas en las siguientes legislaturas.
El Gobierno del que formó parte Rato fue «muy cuidadoso» en evitar que el déficit por cuenta corriente de la economía española superase el 2,5 % y «se mantuvo por debajo de esa cifra en toda esa legislatura, pero después superó el 9 %».
Durante los años en los que muchos expertos consideran que comenzó a gestarse la burbuja inmobiliaria en España, Rato cree que lo que sucedió fue que la preferencia española por ahorrar a través de la propiedad de una vivienda empezó a satisfacerse y emergió una «demanda embalsada» tras un periodo de altas tasas de paro y tipos de interés elevados.
Aún así, ha destacado que hasta 2003 la relación entre el crédito y el PIB de la economía española no superó el 120 % y, sin embargo, en los años posteriores se elevó al 210 %, una muestra «evidente» de los riesgos para la estabilidad del sistema financiero y el conjunto de la economía.
Al margen de su etapa como vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, el también ex director gerente del FMI ha desvelado que esta institución concluyó en 2006 un informe sobre las cajas solicitado desde 2003 por el Ejecutivo de José María Aznar.
En ese informe, el FMI recomendaba la profesionalización de las cajas de ahorros y la apertura de estas entidades al mercado de capitales, pero «lamentablemente» no produjo ningún efecto en las autoridades de aquel momento.
Además, ha asegurado que en 2007 el propio FMI llamó la atención a España por los desequilibrios que se apreciaban en el crecimiento del déficit exterior y los representantes españoles aseguraron que «la estabilidad macroeconómica estaba garantizada».