«Me he quedado tan preocupado que mantengo en la sexta planta una reunión con el gerente nacional, en aquel momento, Luis Bárcenas. Le traslado la petición del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en este caso de Víctor Campos o través del presidente (Francisco Camps) y Bárcenas me dijo: 'Eso es una práctica prohibida en el Partido Popular a nivel nacional». Esta fue la declaración que Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, hizo el pasado 24 de enero en la Audiencia Nacional ante el juez José María Vázquez Honrubia. Bárcenas secundó dicha declaración. Ambos empezaron a tirar de la manta que cubre la corrupción del PP con la única intención de reducir su condena. Sin embargo, no han sido los únicos.
Francisco Correa, conocido como 'Don Vito' y supuesto líder de la trama de corrupción del Caso Gürtel, fue el primer imputado en dar el comienzo al juicio de la rama valenciana el pasado 17 de enero. «La iniciativa fue del PP, más en concreto de Ricardo Costa: nos dijeron que si queríamos cobrar, teníamos que facturar a una serie de empresarios». Esta confesión que señala tanto a Génova como a Valencia fue la iniciativa que ha empujado a otros acusados de la trama a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Una rebaja de la condena a cambio de entregar al PP.
Al día siguiente de la declaración del empresario acusado de financiar las campañas de Francisco Camps para la presidencia de la Generalitat, Pablo Crespo, numero dos del Grupo Correa, y Álvaro Pérez 'El Bigotes' pidieron la suspensión del juicio para cambiar la defensa. A cambio de reconocer los hechos, pedían una rebaja en la petición de pena de cárcel de más de la mitad.
A ambos se les acusa de delito electoral, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, hechos que tanto Correa como Crespo y 'El Bigotes' han admitido. Además, los tres han puesto encima de la mesa la cabeza de Ricardo Costa, David Serra, exdiputado del PP, y Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat. Mientras que el primero se ha unido al grupo de los que han optado por la confesión a cambio de un trato con la Fiscalía, los dos últimos han negado la existencia de una supuesta financiación ilegal del PP en Valencia.
Por otro lado, según apuntó Francisco Correa, el que indicó a Orange Market (empresa que supuestamente financiaba las campañas electorales del PP valenciano durante 2007 y 2008) que recurriera a una facturación ficticia fue el entonces secretario general de la formación, también acusado en este juicio, Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel. Esta declaración sitúa al frente de la estrategia de facturación falsa a la formación liderada entonces por Francisco Camps.
Sin embargo, la declaración de Don Vito no pilló por sorpresa ni al juez ni a la Fiscalía ya que antes de la declaración de Correa, el tribunal escuchó a nueve empresarios que reconocieron pagos en negro para alimentar las campañas electorales de 2007 y de 2008. Todos ellos cerraron acuerdos con la Fiscalía antes del inicio de la vista oral.
A la caza de Francisco Camps
Colocar a Francisco Camps como organizador y principal precursor de toda la trama es la pieza principal con la que intentan convencer a Anticorrupción de su voluntad colaboradora para obtener menos penas de las establecidas en un primer momento. A pesar de todo, la fiscal Anticorrupción, Miriam Segura, ha explicado en diversas ocasiones que no cambiará de postura hasta ver cómo evoluciona el juicio. Cada vez tiene más atado una fallo condenatorio contra el grueso de los acusados, que han caído como fichas de dominó gracias a su pacto inicial con los empresarios, que pagarán una multa como sustitutoria de su pena de prisión menor.
El trato de los procesados con la Fiscalía Anticorrupción viene tarde, sobre todo después de que Correa admitiera el martes 17 de enero los hechos. Por este motivo, cualquier rebaja de pena de prisión se realizará al final de la vista oral y dependiendo de su la confesión de todos ellos es completa y creíble. De momento, “no existe ningún pacto” de conformidad con Crespo y El Bigotes, en prision desde el pasado febrero tras la sentencia del llamado 'caso Fitur', una de las piezas valencianas de las diez que componen el macrosumario Gürtel, según informa el periódico 'El País'.
De cualquier manera, la Fiscalía tiene muy complicado iniciar una causa contra Francisco Campa, expresidente de la Generalitat de Valencia tras ser excluido de la causa por el Tribunal Superior de Justicia hace ya varios años. Las pruebas contra éste han de ser muy claras y muy acusatorias para que Francisco Camps se siente, finalmente, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por la trama Gürtel.
Andrea Morea