El malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y su insatisfacción por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos ha disparado en 2017 el número de quejas al Defensor del Pueblo, que el año pasado tramitó un total de 24.976, un 51,5 por ciento más que el año anterior.
Tras entregar la Memoria 2017 de la institución en las Cortes, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha lamentado que las «actitudes imperativas y excesivamente categóricas» de las autoridades están generando ese malestar y ha reclamado políticas de redistribución de las rentas para superar la fractura social generada por la crisis.
«La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España», ha sentenciado Fernández Marugán, quien ha explicado que los españoles han transmitido al Defensor su «insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación».
En 2017, la institución tramitó 25.776 expedientes, la mayor parte quejas (24.976, 16.485 en 2016), investigaciones de oficio (760, frente a 872) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40, 39 en 2016).
A la cabeza de las quejas se sitúan las relacionadas con la tardanza y dificultades para tramitar el DNI y asuntos de Tráfico (6.008), seguidas de las relacionadas con la función pública (4.417) y con los retrasos en la administración de Justicia (3.395).
También dirigió a las administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32 % con respecto a 2016.
Fernández Marugán ha trasladado la preocupación de los españoles por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en los derechos sociales y en las prestaciones.
«En España hay una situación que es preciso corregir: la recuperación no ha llegado al bolsillo de todos, y hay una serie de colectivos que se encuentran en una situación de relativa desprotección».
Se trata de los desempleados de larga duración que han agotado la cobertura, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo y sin derecho al desempleo, jubilados y personas con discapacidad, ha enumerado el defensor.
«El Defensor del Pueblo ante el hecho de que servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales vengan experimentando una pérdida de calidad manifiesta que resulta de urgente necesidad la reforma del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas», zanja.
Paralelamente, ha trasladado a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos, a los que acusa de entorpecer su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información, y también la actuación de un abogado de oficio designado por el Colegio de Abogados de Guipúzcoa.
A continuación se resumen algunos de los principales temas tratados por el Defensor del Pueblo en su Informe anual de 2017:
– PENSIONES: La institución recibió en 2017 más de 45.000 peticiones de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.
Advierte de que las reformas de 2013 amenazan el sistema de la Seguridad Social y de un fuerte impacto en la rebaja de la cuantía.
– ECONOMÍA Y BANCOS: Pide a las entidades que redacten con más claridad las pólizas de los seguros que «imponen» a los clientes para concederles una hipoteca. Y sobre los gastos hipotecarios apunta que continuará en la vía judicial ante la falta de mecanismos alternativos por parte del Gobierno.
Recomienda que se aplique a la energía eléctrica un tipo reducido de IVA como el que tienen alimentos básicos.
– VIOLENCIA MACHISTA: Subraya la necesidad de otorgar a los hijos de las víctimas una protección «más rápida y eficaz» tras observar un aumento del número de menores que han muerto a manos de sus padres o de las parejas de sus madres.
Y ha alertado de que el quebrantamiento de las medidas de alejamiento se ha triplicado este último año.
– MIGRACIÓN Y ASILO: Denuncia que la situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio es «insostenible»: con más de 40.000 nuevas solicitudes de protección internacional presentadas en 2017 y otras 30.000 de años anteriores pendientes de resolución.
Ha recibido numerosas quejas por deficiencias en el procedimiento de asilo, en la gestión y tramitación de las solicitudes y del sistema de acogida de los solicitantes, y sobre «interminables demoras» en la tramitación de expedientes de nacionalidad.
– EDUCACIÓN: Pide replantear el sistema de becas y ayudas al estudio con el fin de «mitigar las consecuencias que sobre el efectivo ingreso de las becas ha tenido el nuevo modelo», que se aplica desde 2012-13 y que fue defendido por el exministro de Educación José Ignacio Wert.
También resalta la necesidad de que los alumnos con problemas de aprendizaje y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) se beneficien de las ayudas al alumnado con necesidad específica de apoyo o que haya medidas concretas para acabar con el amianto en los colegios.
– POLÍTICA SOCIAL: Reclama un «cambio profundo» para que los menores separados de sus familias sean atendidos por otras familias en acogimiento o adopción antes que en un centro, incentivando el apoyo a esas familias acogedoras.
Constata que el sistema de dependencia no tiene capacidad para incorporar en un plazo razonable a las más de 300.000 personas con grado reconocido y sin prestación y recuerda a las administraciones que están obligadas a consignar crédito suficiente en sus presupuestos.
– SANIDAD: Expone la falta de apoyo de las administraciones competentes a las familias y a los afectados por alguna enfermedad mental y ha reclamado un mayor esfuerzo e inversión en la detección precoz de esta patología, así como un mayor número de especialistas.
Propone modificar la Ley del Medicamento para fijar nuevos tramos de renta reduciendo la amplitud de los actuales y sus correspondientes porcentajes de aportación farmacéutica.
También la exención en la aportación farmacéutica o la aplicación de un porcentaje mínimo a personas con discapacidad, personas cuyos ingresos no superen un umbral mínimo y grupo de pacientes con enfermedades crónicas severas.
– INTERIOR: Critica que la Ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, genera problemas que afectan a «cuestiones tan sensibles» como los registros corporales en la calle, el ejercicio del derecho de manifestación y a la libertad de expresión y de información.
Reconoce que, superados los problemas de masificación en las cárceles, son los problemas de falta de personal los que dificultan el funcionamiento de algunos servicios, por lo que demanda un incremento significativo de las plantillas, también de médicos, para una mejor atención a los presos.
Redacción