Reporteros Sin Fronteras (RSF) manifestó ayer martes su preocupación por la gran cantidad de sentencias judiciales que propician un entorno de falta de libertad de expresión e información en España. Según informa la asociación en un comunicado, estos hechos «amenazan con crear un clima de censura y autocensura entre los ciudadanos de a pie y los medios de comunicación». Éstos últimos achacan estos problemas a la aprobación de legislaciones «restrictivas» durante los años de mayoría absoluta del Partido Popular relacionadas, sobre todo, con la ‘Ley Mordaza’.
El pasado mes de abril, a raíz de la publicación de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017, RSF se hizo eco, en esta ocasión a nivel internacional, del deterioro que la profesión periodística estaba sufriendo en las democracias occidentales. El aumento de las leyes antiterroristas cuyo fin es aumentar la seguridad dentro y fuera de internet ha provocado, en mayor medida, según la asociación, el auge de este problema. En este sentido, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, explicaba entonces que “las democracias, que han hecho de la libertad de prensa uno de sus fundamentos tienen que seguir siendo un modelo para el resto del mundo y no lo contrario”.
En total, la Audiencia Nacional ha impuesto cerca de una treintena de estas condenas desde 2016. Tuiteros como Cassandra Vera o Arkaitz Terrón, también condenados por este delito, han sido finalmente absueltos por el Tribunal Supremo. De hecho, la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional ha trasladado en la última semana a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la necesidad de frenar el ritmo de acusaciones por presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, lo que ya ha sido interpretado entre juristas como un primer paso para moderar la cascada de condenas de los últimos años.
Las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acompañaron, durante el año 2015, a la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’, explican en gran medida el clima hostil a la libertad de expresión e información por el que atraviesa España. Los artículos 559 de dicha ley que delimita que la difusión de mensajes puedan “perturbar la paz social”, el 578 que defiende el enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, y 510, relacionado con los delitos de odio «abren las puertas a interpretaciones judiciales que acaban más por penalizar la opinión que por prevenir el propio delito», explican en el comunicado RSF.
“Reporteros Sin Fronteras condenó, desde su misma aprobación, hace ahora tres años, la ‘Ley Mordaza’ y el resto de normas de corte restrictivo aprobadas por el PP como consecuencia de su mayoría absoluta. Hace ya un año celebramos las iniciativas de PSOE y PNV para su derogación y reforma, respectivamente, pero hoy constatamos con frustración que ésta sigue encallada en el Congreso. Hacemos, de nuevo, un llamamiento a los grupos políticos para que acaben con una norma que empobrece la democracia española”, afirma Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España.
Injurias a la Corona
RSF en España también observa que más allá de las “injurias comunes”, las injurias a la Corona «se revelan como otro punto de fricción para las libertades de información y de expresión», como ha confirmado recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con una sentencia que obliga al Estado a devolver la multa impuesta a dos jóvenes por quemar fotos de los Reyes de España. La asociación de reportes considera que estos «delitos de injurias a la Corona se antojan obsoletos y contribuyen a la autocensura en internet.
Por último, en la misma nota de prensa, RSF insiste, una vez más, en que «no se puede imputar a periodistas y mucho menos condenarlos por revelación de secretos de un sumario judicial objeto de filtraciones». Ninguno de los tres casos recientes de periodistas confrontados a condenas por revelación de secretos ha prosperado. La demanda contra Pedro García Cuartango, exdirector de El Mundo y otros cuatro periodistas del medio por el caso ‘Football Leaks’ fue sobreseída; la Fiscalía de Madrid retiró los cargos contra los periodistas de ABC Cruz Morcillo y Pablo Muñoz por presunta revelación de secretos en una información sobre Luis Bárcenas, y el diputado del PP en Asturias que denunció a Íñigo Noriega y Marcos Moro, periodistas del diario El Comercio también desistió.
Por este motivo, Armada considera que el derecho a la información «prevalece sobre el secreto sumarial, cuando ésta es de interés público y siempre insistimos en que la responsabilidad de custodia del sumario está en manos judiciales, no periodísticas, por tanto de las filtraciones no son responsables los medios”. “Ni la lucha antiterrorista, ni la ciberseguridad, ni las noticias falsas pueden servir de pretexto para que en España se instale un clima hostil para dos libertades tan fundamentales como estrechamente unidas: la de expresión y la de información, inherentes a una democracia que se precie de tal. Los delitos de opinión no son compatibles con estándares democráticos elevados”, sentencia el presidente de RSF en España.
Andrea Morea