Turull, en prisión preventiva, ha trasmitido una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, anunciando su renuncia a ser candidato, mientras que Sànchez, también preso, ha dirigido otra misiva al grupo parlamentario en la que indica que proponer su investidura es «una decisión justa jurídicamente y necesaria políticamente».
Sànchez ha señalado que, tras la admisión a trámite de su demanda por parte del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, «es evidente que el Estado español no tiene otra opción» que respetarla.
«No hacerlo sería un escándalo jurídico mayúsculo y evidenciaría nítidamente ante las Naciones Unidas aquello que hace tiempo que denunciamos: que el Estado español no es una democracia consolidada, que los derechos políticos de los adversarios políticos del Gobierno español son vulnerados», ha añadido.
Según Sánchez, el Comité de Derechos Humanos «abre un resquicio y una garantía para poder convocar un pleno de investidura», en el que, ha aseverado, él tiene «plena disposición a afrontar», si así lo suscriben sus compañeros del grupo parlamentario de JxCat.
El exlíder de la ANC agradece la «generosidad» de Turull y su «coraje» por presentar su candidatura a la investidura «en un momento crítico políticamente y personalmente», el día antes de ser «injustamente encarcelado».
Turull, por su parte, en la misiva dirigida a Torrent desde Estremera (Madrid), ha anunciado que retira su candidatura «de manera provisional», después de que solo se pudiera celebrar la primera votación de su investidura, que fue fallida, el día antes de su reingreso en prisión, por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
El gesto de Jordi Turull permite proceder a la investidura de Sànchez, en lo que sería, según describe el exconseller, «un acto de justicia».
En sus respectivas misivas, Turull y Sànchez abonan la estrategia que también ha formalizado hoy en otra carta el líder de JxCat, Carles Puigdemont, quien ha pedido exigir al Estado que permita ahora la investidura del exlíder de la ANC atendiendo a las «medidas» planteadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en defensa de sus «derechos políticos».
Redacción