La Guardia Civil cifra en 1,9 millones de euros el total de fondos públicos presuntamente malversados por el Govern para organizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña el pasado 1 de octubre.
Así consta en un informe de la Guardia Civil remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y dado a conocer hoy, después de que el magistrado haya levantado el secreto que impuso sobre el mismo.
La difusión de este informe llega después de que Llarena pidiera al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique «a la mayor brevedad posible» por qué considera que no se utilizó dinero público para la celebración del 1-O.
Según consta en el informe, la Guardia Civil sospecha que el grupo parlamentario de Junts pel Sí pudo pagar con las subvenciones públicas que recibía el acto de presentación del referéndum que se celebró el pasado 4 de julio en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y que costó 17.690 euros.
El instituto armado desglosa los gastos del referéndum pagados presuntamente con fondos del Govern: cerca de 980.000 euros destinados al gasto de los servicios postales de Unipost, otros 61.879 para carteles de publicidad, 217.656 para la contratación de observadores internacionales, 152.578 para material electoral y 40.227 para informática, entre otros.
El informe, que Llarena encargó a la Guardia Civil para averiguar si el Govern pudo incurrir en un delito de malversación al financiar el 1-O con fondos públicos, revela que se ha abierto otra línea de investigación sobre el posible pago con fondos públicos de unos informes realizados por Carles Viver Pi i Sunyer, expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, «y su entorno» relacionados con la preparación del referéndum.
Según sostiene la Guardia Civil en su informe, el gobierno de la Generalitat utilizó a Òmnium Cultural como «sociedad interpuesta» para la distribución de carteles de publicidad que llamaban a participar en el 1-O, que costaron un total de 61.879.
Asimismo, señala que el dinero supuestamente malversado por la Generalitat para pagar observadores internacionales en el 1-O pudo llegar a 177.065 euros, si bien hasta el momento solo puede demostrarse el abono de 119.700 euros.
Desde el Parlament, ERC se ha mostrado «convencida» de que no hubo malversación por parte de Junts pel Sí y ha criticado las «contradicciones» entre el Tribunal Supremo y el ministro Montoro.
«Estoy seguro de que todos los recursos recibidos por parte de ese grupo han sido dedicados con absoluto respeto a la legalidad a objetivo para los que fueron distribuidos. Estoy convencido de ello, aunque no puedo explicarlo con detalle porque yo no estaba en ese grupo», ha dicho el diputado de ERC y exconseller Ernest Maragall.
Ciudadanos ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de Montoro, para que explique en sede parlamentaria por qué considera que no se utilizó dinero público para el 1-O, mientras que el líder del partido, Albert Rivera, ha dicho que el Gobierno tendrá que asumir «responsabilidades» si se demuestra que «mintieron» al decir que no se había destinado «ni un euro» al 1 de octubre.
El PP ha reprochado a Ciudadanos y a Rivera que «miren al lado equivocado» pidiendo la comparecencia de Montoro, cuando a quien deberían «atacar» es a los independentistas.
El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha considerado que en el 1-O pudo haber «otro tipo de malversación» que no fuera un gasto directo o algún tipo de manipulación o falsificación de facturas.
También la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha acusado a Ciudadanos de «utilizar políticamente» la solicitud de información del juez Llarena a Montoro.
Por su parte, el líder de los comunes, Xavier Domènech, ha apreciado una «enorme confusión» entre las fuerzas independentistas y ha reclamado la formación del «gobierno de la democracia» con figuras independientes.
EFE