Madrid, 21 may (EFE).- La defensa del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón ha pedido al juez del caso Lezo que explique por qué le cita como investigado en relación a la compra de la colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II, una operación de la que no hay prueba de irregularidad alguna en el «abrumador» sumario.
Los abogados del expresidente, entre los que figura su hijo José Ruiz-Gallardón, han presentado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un escrito de recurso a la citación en junio, tanto del expresidente madrileño como del exconsejero de Justicia y expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja y del exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.
Los tres formaban parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando se aprobó la compra de Inassa por parte del Canal por 73 millones de dólares, investigada por un supuesto sobreprecio.
En su escrito, la defensa de Gallardón expone los motivos por los que, a su juicio, esta sospecha no ha quedado acreditada en casi tres años de investigación.
«No existe en el sumario indicio alguno de que los 73 millones de dólares pagados en 2001 contuvieran sobreprecio», más allá de un informe de Cuatrecasas y dos pinchazos al expresidente madrileño Ignacio González y a su hombre fuerte en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, que son, dice la defensa, «incompatibles con el ya abrumador contenido del sumario».
En uno de esos pinchazos, González explicaba al exministro Eduardo Zaplana que «Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí (…). Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien», y añadía: «Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar».
Ese dictamen de Cuatrecasas que desaconsejaba la compra -fechado en 2004, tres años después de la operación- lo encargó personalmente González a su cuñada Pilar Cavero, socia de honor de Cuatrecasas, y se hizo al dictado del exgerente del Canal Ildefonso de Miguel, tal y como declararon la propia Cavero y uno de los abogados que se encargaron del documento.
Para elaborarlo «no se desarrolló ninguna entrevista con personal, directivos, secretarios del Consejo de Administración o consejeros que hubieran participado en la operación» y sus únicas fuentes de información fueron «las que decidía como convenientes Ildefonso de Miguel», dice el recurso.
Además, destaca que en el sumario figuran «hasta dieciséis versiones» y en las finales se incluyeron unas anotaciones manuscritas hechas por «personas ajenas a Cuatrecasas» que figuran en las primeras versiones, como por ejemplo las frases: «Decir que Garrigues lo desaconsejaba», «Edulcorar el interés de Canal de Isabel II en adquirir Inassa» o «Tachar referencia a Ildefonso de Miguel».
«Estas anotaciones manuscritas terminan mecanografiadas por decisión y orden de Ildefonso de Miguel», dice la defensa de Gallardón apoyándose en la declaración de uno de los abogados firmantes del informe.
También critica las imprecisiones de escritos de la Guardia Civil sobre la operación en aspectos como el «objeto, precio y moneda», y el hecho de que el instituto armado usara un documento de la ONG de izquierdas Attac Madrid en su primer informe sobre la operación, de octubre de 2015.
Que las palabras de Attac sean después integradas en informes de la Fiscalía es, para los letrados de Gallardón, «sangrante para cualquier ciudadano» y «muestra las permeables fronteras institucionales frente al populismo» de la UCO y del ministerio público.
Finalmente, también sostiene que el precio que se pagó por Inassa fue ajustado al mercado, en vista de varias valoraciones técnicas, y que no se ocultó el hecho de que la operación se hiciera a través de una sociedad panameña.
«No cabe hablar de alteración, ficción, simulación u ocultación alguna de los detalles de la operación, que fueron transmitidos entre los técnicos (del Canal) de forma completa», dice el escrito.
Por todo ello, los abogados piden al juez que motive por escrito las razones por las que cita a Gallardón, Mayor Oreja y Cobo en calidad de imputados, así como que determine desde cuándo tienen esa condición. En caso de que no haya suficientes indicios para citarlos como investigados, reclaman que, en todo caso, se les emplace para declarar como testigos. EFE