El Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dispone de munición que poner sobre la mesa de una inminente negociación política con las más altas instancia del gobierno independentista de la Generaliatat, cuyas fuerzas políticas le apoyaron en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sánchez sabe que, a la espera de una negociación de mayor calado y de mayores consecuencias para el futuro de las relaciones entre España y Catalunña, ahora el “conflicto judicial del procés” ( y por ende, “el penitenciario”), es objeto de deseo y, a la vez, es la debilidad de aquellos con los que está en deuda. Es en este terreno jurídico-penitenciario sobre el que, de forma inmediata, se pueden suscitar cesiones y concesiones entre ambas partes en negociación.
Los presos primero
Sánchez y Torra (especialmente éste último) saben que de entrada y con urgencia lo que conviene es “resolver” total o al menos parcialmente la situación de los presos. Incluso con mayor prioridad que el acometimiento negociador sobre la situación de los que permanecen, para algunos fugados, y para otros, exiliados.
El nuevo (o nueva) Fiscal General del Estado es munición valiosa en manos de Sánchez. En este sentido, el presidente goza de la capacidad y del poder para modular el tono que ha de presidir la actuación procesal de quien ostentan el principio acusatorio en el ordenamiento jurídico penal español: el Ministerio Público. Eso es todo un as en la manga.
Línea dura que puede cambiar
Hasta el momento, la línea de actuación de la fiscalía sobre “el procés” definida por el ex ministro de justicia, Rafael Català y por el malogrado Fiscal General, José Manuel Maza, se ha ejecutado con obediencia debida y asumida sin objeción (todo lo contrario) por los fiscales del Supremo, de la Audiencia Nacional y de la antigua cúpula del la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunña. Esos fiscales han comulgado con esas directrices, con determinación, sin titubeos y con una proacticidad inequívoca. Un ejemplo de ello lo encontramos en la propia querella de la Fiscalía por los hechos de los días 26 y 27 de septiembre cuando una comisión judicial se vio atrapada por un tumulto de ciudadanos que se agolparon en la sede del Departamento de Economía en pleno registro judicial. El fiscal interpuso la querella (por la que “los Jordis acabaron yendo a prisión y se imputó al Major de los Mossos, Josep Lluís Trapero), antes de recibir los informes y atestados de la guardia civil. Insólito.
Nuevo talante
Sánchez puede ofrecer otro tono. En los corrillos políticos de Madrid se llega a decir que ese cambio de “talante” de la fiscalía respecto al “procés” ya lo pactó antes de la votación sobre la moción de censura. Incluso, dicen fuentes bien informadas, que el entonces candidato presidente sea aventuró a someter a una “cierta consideración” del PDCAT y de ERC (aquí habría tenido un papel de interlocución relevante, el diputado Joan Tarda), los nombres de dos candidatos: el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y la consejera de justicia valencia, fiscal de carrera y ex presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Gabriela Bravo. No son nombres que desagraden al independentismo, según las fuentes consultadas al respecto por La Estrella Digital, especialmente el de Gabriela Bravo. Y eso Sánchez la sabe (o lo supo) y ahora espera a conocer cuál es el tributo que, en mutua correspondencia, el soberanismo pondrá sobre es mesa de negociación en ciernes.
Fiscalía, clave
Fuentes judiciales apuntan a que ni al juez José Antonio Ramírez, (que investiga el 1-0 o “caso Anubis”), ni la juez Carmen Lamela, (que ha llevado a juicio al Major Trapero) ni el magistrado Pablo Llarena, (que asume la macro causa del “procés”) a estas alturas, no van a distraer su línea procesal de la que le marque o siguiera la fiscalía. Son asuntos de demasiado enjundia como para ir por libre con el único aliento de Vox.
Sin separación de poderes
La política es negociación, estrategia. Es la consumación del talento para ceder poco y obtener mucho. Pero si, como parece, en la trastienda de la política actual se maquinan este tipos de acuerdos, trueques o capitulaciones, ello supondrá la constatación de que la separación de poderes empezó y acabó con Rouseau y que las fianzas, prisiones o libertades en España, no sólo depende de los jueces. Malos tiempos para la democracia.
Redacción