El tribunal que condenó a 9 años a la Manada ahora tolera su libertad provisional mientras se hace firme la sentencia. El magistrado que ha redactado el liberador auto es precisamente el que se opuso vehemente a su condena mediante voto particular: Ricardo J. González González. Su argumento es que dado que ya pesa una condena firme sobre ellos de 9 años de prisión ya no existe el riesgo que se esgrimía antes del fallo.
Este argumento, amén de que uno puede querer huir tanto de una condena previsible como de otra ya dictada, choca con el hecho de que hay un proceso sumarial por unos hechos similares en Pozoblanco contra cuatro de los cinco miembros de la Manada. Por tanto, sí están a las puertas de una posible nueva condena.
¿Y cómo va ese caso? El tribunal no tiene la más remota idea: «este tribunal desconoce cuál sea la situación en que se encuentra la instrucción de la referida causa de Pozoblanco, más allá de que se inició en octubre de 2016». Por tanto, ni sabe, ni le importa que esa instrucción haya acumulado indicios suficientes para presumir que cuatro integrantes de la Manada son reincidentes. Reincidentes, presuntamente, que van a volver a la calle.
El auto, movido en su afán de promover la justeza de su liberación, arremete contra la policía que requisó los móviles de La Manada en Pamplona tras un supuesto abuso sexual y hallaron pruebas o indicios de un delito similar que no buscaban: Pozoblanco.
Pero el auto que ha liderado el fogoso juez González González no presume capacidad de reincidir a los condenados. No pueden delinquir, a su juicio, «porque han perdido el anonimato». Sin embargo, violadores muy publicitados por la Prensa volvieron a la carga tras ser liberados. Como el violador del ascensor. El tribunal y su ponente sólo tienen que tirar de hemeroteca.
Y el elemento del anonimato perdido vale tanto para que el tribunal crea que los miembros de La Manada no pueden delinquir más como sostener que la difusión de sus rostros hace imposible su fuga. Este argumento es realmente novedoso en la jurisprudencia: Bárcenas era el tesorero menos anónimo de Europa, pero ingresó en prisión por riesgo de fuga y, como él, decenas de cargos corruptos no menos famosos.
También considera el tribunal una garantía para la víctima de Pamplona que sus agresores vivan a 500 kilómetros del lugar donde reside la joven. El tribunal debe considerar impensable que los acusados cojan el AVE para ponerse en dos horas y media junto a su víctima y regresar a su hogar en otro tanto.
En resumidas cuentas, el ponente y la magistrada que apoya su auto, Raquel Fernandino, sostienen una fe ciega en los miembros de La Manada: «hace poco menos que impensable el referido riesgo de reiteración delictiva». El baile por el que el magistrado opuesto a la condena se convierte ahora en ponente del auto que debía darles su libertad tiene otra secuela: ahora los condenados se convierten en víctimas porque sufrirán «unas dificultades extraordinarias para que puedan desarrollar una vida social normalizada en libertad una vez regresen a su entorno social».
Entretanto, el presidente del tribunal, José Francisco Cobo, se convierte en oponente del dictamen y defiende la permanencia de la Manada en prisión mediante un voto particular. El equilibrio del tribunal se ha invertido: ha ganado peso el magistrado más sensible al argumentario jurídico de La Manada. El abogado de La Manada se ha ganado el sueldo. Está ganando el partido por incomparecencia del contrario mientras él arrasa en cada tertulia.
Redacción