Poco podía imaginarse el juez de instrucción número 2 de Badalona que aquella investigación sobre supuestas corruptelas en la localidad barcelonesa de Montgat que inició hace 18 meses iba a desembocar en una de la mayores investigaciones sobre corrupción municipal de los últimos años.
Ulibarri, la clave
Todo empezó con un hilo del que tirar y en eso, los pacientes policías de la UDEF son expertos. 17 meses atando cabos. Decenas de teléfonos pinchados y centenares de conversaciones. Muchas de ellas con José Luís Ulibarri como protagonista. Ese era el nexo común, la pieza clave. Ulibarri era “el conseguidor” el que aportaba información, el que, según la policía, ponía de acuerdo a licitantes y licitados .
“Yo me en cargo. Yo me ocupo”, repetía el empresario ya imputado por la Gürtel sin reparos cada vez que algún concurso “se encallaba” por el motivo que fuera. Por sus manos y gracias a su intermediación, ayuntamientos de Madrid, Catalunya, Castilla-León, Extremadura, Aragón y Asturias, contrataron a dedo a la empresa Gespol, filial de Sacyr, una sociedad que durante años ha ostentado casi el monopolio nacional en el abastecimiento de los servicios informáticos sobre la gestión semafórica y la gestión de multas.
Con descaro y sin control
La facilidad y la casi jactancia con que algunos de estos ayuntamientos manipulaban los concursos de contratación, sin que ni los secretarios ni interventores alzasen al voz de alarma ha sobrecogido a los expertos de la UDEF que en muchos casos ni se podían creer lo flagrante que eran esas prácticas, irregulares en ocasiones, y manifiestamente ilegales en otras.
Los jueces que han visto de esta causa, tiene ante si dos prioridades: dirimir la situación procesal de los detenidos y coordinarse entre ellos al albor de la fiscalía Anticorrupción que está actuando como nexo de unión.
Contratos frente a “mordidas”
La documentación incautada en los despachos municipales, las dependencias de la policía local de varios de los ayuntamientos y en los domicilios y empresas de los imputados permiten situar el montante económico de lo contratado bajo sospecha en casi 7.000.000 de euros. La UDEF trata de desgranar ahora cuáles fueron las contrapartidas pagadas por las empresas beneficiarias a cambio de la adjudicación a dedo de esos contratos.
Carlos Quílez