La campaña electoral interna en el PP sigue a toda marcha hasta el XIX Congreso Extraordinario del 21 de julio, pero ni Soraya Sáenz de Santamaría ni Pablo Casado quieren hablar de números. Cierran los ojos ante las informaciones que vinculan a las finanzas populares en tiempos de Luis Bárcenas a lo que podría ser una especie de ‘enjuague’ –por decirlo de alguna manera- para fiscalizar ante el Tribunal de Cuentas los ingresos por donativos como cuotas de militantes y aportaciones de cargos públicos.
Sorprende este silencio sobre unos números que, aunque fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, se demuestra que no se corresponden con la militancia que el PP presumía tener. Incluso, varios consejeros de ese Tribunal han reconocido a Estrella Digital que nunca se han fiscalizado las cuentas por militantes ni las aportaciones de los altos cargos para comprobar su veracidad: “La ley no exige una relación de militantes de los partidos políticos, sino de cuotas. Por lo tanto, los partidos pueden jugar con esa partida casi a su antojo, y eso no se sanciona, porque chocaría con la ley de protección de datos”, según un consejero del citado Tribunal, que admite la posibilidad de que PP y PSOE hayan podido ‘enjuagar’ en la partida de ‘cuotas de militantes’ donaciones externas muy complicadas de justificar según la ley que regía entonces, las 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.
Aunque oficialmente el PP se ha desentendido de este tema, fuentes populares reconocen que la contabilidad varió mucho a partir de 2013, año en el que salieron a la luz pública los ‘papeles de Bárcenas’. La conmoción en el PP fue tan grande, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tras reconocer públicamente el ‘pago en diferido’ para echar a Bárcenas de su puesto en la calle Génova, ordenó un cambio en la contabilidad. Ese cambio se hizo más evidente a partir de 2015, cuando se aprobó la Ley Orgánica 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.
Las ‘fuentes’ de financiación del PP
A partir de ahí, el PP afirma que su financiación se rige por lo recogido en las Leyes Orgánicas de 2007 y de 2015, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, y explica que en base a ellas se consignan los ingresos en cuatro grandes apartados.
En primer lugar, los ingresos de origen público, con las subvenciones estatales anuales para atender los gastos de funcionamiento para los partidos con representación en el Congreso; la asignación anual para sufragar los gastos de seguridad, y las aportaciones de los Grupos institucionales (Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los Grupos de las Corporaciones Locales).
En segundo lugar, los ingresos de origen privado, en los que el PP dice distinguir tres apartados específicos: cuotas y aportaciones de sus afiliados, aportaciones de cargos públicos y donaciones en dinero o especie no finalistas procedentes de personas físicas. Este apartado, sin embargo, no se empieza a ver de forma específica hasta el ejercicio de 2014, después de que aparecieran los llamados ‘papeles de Bárcenas’ sobre supuesta financiación irregular del PP. Anteriormente, las partidas estaban mezcladas, de ahí las dudas sobre la posibilidad de que se estuvieran camuflando determinadas donaciones en las cuotas.
En tercer lugar, la subvención por los ingresos electorales, regulados por la ley 5/1985, modificada por la 3/2015, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, con entrada en vigor el 1 de abril de 2015. En este punto, el PP afirma en su propia página de transparencia que “los recursos públicos y donaciones figuran detallados en las Cuentas Anuales del partido”. Y eso parece ser así ahora, pero de forma pormenorizada no lo fue hasta 2014, como hemos señalado.
Así, el ejercicio de 2014 fue el primero en el que el PP desglosó realmente su contabilidad, y en el ejercicio de 2016, último fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, en el epígrafe de ingresos de origen privado, el partido reconoció que por “ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes” percibió un total de 5.011.042,90 € (correspondiente a unas 250.000 personas, muy lejos de los más de 850.000 militantes que decían tener), por “donaciones y legados” percibió 85.983,15 € y por “otros ingresos” (sin especificar) la cifra fue casi ridícula: 1.896,76 €, cuando, por ejemplo, por ese mismo concepto en las cuentas de 2014 la partida llegó a ascender hasta los 7.828.829,18 euros.
Además, por el concepto de “donativos o donaciones”, en 2008 se registraron 1.382419,57 euros; en 2009, 669.820 euros; en 2010, 537.679,10 euros; en 2011, 2.145.070,55 euros; en 2012, 733.996,12 euros, y en 2013 fue de 406.244,48 euros.
Iván Delgado