La conclusión por el juez Pablo Llarena del sumario de la causa del “procés” respecto de los procesados no fugados y la declaración de rebeldía para los procesados fugados ha desencadenado una tormenta entre los independentistas. Al aplicar la suspensión en las funciones y cargos públicos de Carles Puigdemont y de los otros 5 diputados procesados por delitos de rebelión –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez-, ha obligado al Parlament a cesarlos como diputados y obliga a los independentistas a hacer correr las listas para que acceda al escaño los seis siguientes.
Ésa es la única manera que tienen los independentistas de mantener la mayoría absoluta de la que hasta ahora disfrutan en Cataluña, porque, de lo contrario, se quedarían en 64 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta cifrada en 68, y tendrían que depender de los 8 votos de Podemos.
Los independentistas se han resistido hasta ahora a mover ningún diputado de los elegidos en las elecciones de diciembre de 2017, pese a la imputación –ya procesamiento- que pesaba sobre ellos. Pero la decisión de Llarena, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es clara: los cargos electos procesados quedan suspendidos, aunque se da la posibilidad de que accedan al escaño los siguientes en la lista.
De los 135 diputados autonómicos a elegir en las elecciones de diciembre de 2017, el bloque independentista obtuvo en total 70 escaños (JuntxCat, 34; ERC, 32, y CUP 4), mientras que el bloque no independentista obtuvo 57 (Cs, 36; PP, 4, y PSC-PSOE, 17), además de los 8 obtenidos por Podemos, que van por libre. Así, el bloque no secesionista jamás obtendría mayoría absoluta, incluso en el supuesto de que Podemos votara a su favor. Pero ahora, con la pérdida de seis escaños, los independentistas perderían la mayoría absoluta si no cubrieran los huecos que han quedado vacantes por la decisión de Llarena.
Iván Delgado