El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha presentado en el Congreso de los Diputados como el abanderado de una “agenda del cambio” que pasa por prohibir por ley las amnistías fiscales y exhumar a Franco del Valle de los Caídos. En una intervención de casi hora y media de duración y con críticas a la ‘herencia recibida’, Sánchez ha desgranado sus objetivos en los diversos ámbitos de actuación con tres retos principales, el empleo, las pensiones y Cataluña, y con el compromiso de poner “el reloj de la política a la hora de España”.
La “agenda del cambio” de la que ha hablado Sánchez pasa por cuatro pilares: consolidación del crecimiento económico y empleo digno, avanzar en igualdad y cohesión social, regenerar la democracia y fortalecer la cohesión territorial, así impulsar la participación de España en el mundo y en la construcción europea. Pero su anuncio estrella ha sido la aprobación de un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá la prohibición de que haya nuevas amnistías fiscales.
Pero con una gran decepción para todos, como le ha hecho ver Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de Podemos: Sánchez no va a publicar los nombres de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en contra de lo que había prometido cuando estaba en la oposición. Se ha escudado en el Tribunal Constitucional para tal ‘frenazo’ en su política de clarificación.
No obstante, ha ratificado que se reformarán los plazos máximos de instrucción aprobados por el anterior Ejecutivo de Rajoy para evitar el riesgo de impunidad al estimar que han sido “especialmente nocivo” en la tramitación de causas complejas vinculadas a la corrupción: “La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad”, lo que se transformará en la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Jueces y fiscales ya habían reclamado la derogación de ese artículo, introducido en 2015 a propuesta del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, que fijó un plazo máximo de instrucción de 6 meses, ampliables a 18 en causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo, siempre a petición de la Fiscalía.
Materia económica, fiscal y bancaria
En materia económica y fiscal ha garantizado que se pedirá un mayor esfuerzo a los grandes conglomerados empresariales, y que “en ningún caso” el tipo mínimo del impuesto de sociedades será inferior al 15 por ciento: “No nos resignamos a que las pymes tengan tipos efectivos superiores al de los grandes conglomerados empresariales y abogamos por acercar el tipo efectivo al nominal y que en ningún caso sea inferior al 15 %. Esto se llama justicia fiscal y es lo que aprobará el nuevo Gobierno”.
Paralelamente, ha anunciado un plan de choque para frenar el paro juvenil y promover el empleo, con el impulso del contrato de relevo y prácticas y con una nueva regulación de programas para becarios.
Asimismo, fijará un impuesto finalista vinculado al sector financiero para pagar las pensiones: “El nuevo Gobierno es consciente de que no habrá justicia social si no hay justicia fiscal y que contribuya más el que más tiene”, dijo Sánchez, que anunció también no se elevarán los impuestos “a los ciudadanos de a pie”. Pero explicitó que sus prioridades serán una fiscalidad que tenga en cuenta el impacto de las nuevas compañías tecnológicas, un rediseño del impuesto de sociedades y figuras tributarias que desincentiven las prácticas que perjudican al medioambiente.
Respecto a la unión bancaria, Sánchez ha anunciado que pedirá la creación de un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos y un Mecanismo Europeo de Estabilidad que evite futuras crisis bancarias son “fundamentales”.
Déficit autonómico y revalorización de pensiones
En este campo, ha lanzado su segundo anuncio estrella: ha ratificado la nueva senda de déficit público, que sube hasta el 0,3 por ciento el de las comunidades autónomas para el año 2019, dos décimas más de lo previsto inicialmente y que supondrán 2.400 millones de euros adicionales para las autonomías.
Una medida que, para compensar políticamente, va acompañada de otra no menos espectacular: ha instado a todos los grupos a apoyar la actualización de las pensiones conforme a la inflación y a construir un nuevo Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad del sistema. Y, en consecuencia, la creación de una figura impositiva finalista vinculada a la banca que contribuirá a sostener el sistema público de pensiones.
Vivienda en alquiler y cambio climático
En este campo social, ha prometido excluir la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada, elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años y limitar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda han sido otras medidas expuestas por Sánchez. Medias a las que suma iniciativas de autoconsumo energético, Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, Plan Nacional de Integración de Clima y nuevas medidas para la innovación tecnológica y su desarrollo.
Política territorial: Cataluña
En relación con la situación en Cataluña ha advertido de que “dialogar no es ceder”, sino que se trata de buscar una solución política ante un problema que no tendrá una salida “ni fácil ni rápida”. Un problema difícil para el que Sánchez propone que la solución para salir de la crisis de Cataluña es votar.
Esa votación sería para refrendar un nuevo Estatuto de autonomía acordado por todas las fuerzas políticas, pero no para decidir la autodeterminación de Cataluña. En un pleno marcado por la dura intervención del PP y Ciudadanos, los partidos soberanistas han amenazado con retirar su apoyo al Gobierno si no se producen avances en el autogobierno. Tanto PP como Ciudadanos han reprochado a Sánchez que para mantenerse en la Moncloa haga concesiones a los independentistas, como el acercamiento de presos de ETA y de políticos catalanes a sus respectivas comunidades.
Libertad sexual y calles libres de ‘manadas’
Sánchez ha reiterado su apuesta por la igualdad en todos los ámbitos y ha dejado claro que España “debe tener las calles libres de manadas” insistiendo en que cuando una mujer “dice no, es que no, y si no dice que sí, es que no”. En ese sentido, ha dicho que muchas mujeres tienen que fingir que hablan por teléfono cuando caminan solas, “y sencillamente, no hay derecho a que ellas sientan miedo en la España de 2018”.
Para luchar contra esta lacra, el presidente del Gobierno ha explicado que existe ya una herramienta “fundamental” como es el pacto contra la violencia de género. Pero, no obstante, cree que se puede impulsar la cultura del acuerdo “todavía más lejos” hasta “erradicar” una violencia que deja tanta muerte como huérfanos y “acorralar a los que acorralan”.
Así, ha ofrecido diálogo en materia educativa, eliminando los aspectos contrarios al principio de igualdad de oportunidades y de segregación escolar.
RTVE y exhumación de Franco
Otro de sus anuncios más populistas ha sido el de asegurar que su decisión de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es “firme” y que se materializará en “muy breve espacio de tiempo”. Una decisión que ha gustado a sus socios podemitas y que sólo ha recibido indiferencia de Ciudadanos y del Partido Popular, que dijeron en sus intervenciones vivir el presente sin estar hipotecados por un pasado ya lejano.
Y también para contentar a su socio podemita, un día después de que el Congreso no aprobara la renovación de la cúpula de RTVE, Sánchez lo ha lamentado y ha pedido el respaldo de los grupos para el nombramiento del administrador único que se propondrá para gestionar la corporación hasta que culmine el proceso de elección de los nuevos consejeros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado hoy que el Congreso no aprobara ayer la renovación de la cúpula de RTVE y ha pedido su respaldo para el nombramiento del administrador único que se propondrá para gestionar la corporación hasta que culmine el proceso de elección de los nuevos consejeros.
“Pido a la Cámara que apoye el último paso previsto en el real decreto para salir del bloqueo y facilitar la transición hasta que se sustancie el proceso de elección de los nuevos consejeros”, reclamó, subrayando que si el concurso sale adelante, cumplirá sus plazos e, incluso, se acelerará, justo “lo contrario” de lo que han hecho quienes solo entienden la radiotelevisión pública como “vocera de sus intereses parlamentarios”.
En este punto ha dicho también que, aun siendo grave la manipulación informativa y los años sin renovación de los consejeros, lo que más preocupa al Gobierno es la viabilidad presente y futura de RTVE como servicio público y su sostenibilidad financiera y laboral, mostrando su preocupación porque RTVE no está haciendo nada para sobrevivir en la nueva cultura audiovisual: “Lleva años sin hacer nada, lo único el bloque político y empresarial del ente público”.
No a la ‘ley mordaza’
Sánchez ha dado satisfacción a otra de las medidas esperadas por Podemos: la reforma de la denominada “ley mordaza”, aunque ha pedido “consenso y voluntad de acuerdo” para hacerlo, convencido de que supuso un “deterioro de la calidad democrática” y atacó las libertades. Es una apelación a un diálogo político para alcanzar un equilibrio entre los valores de libertad y seguridad;, porque “alguien dijo: cuando un pueblo renuncia a su libertad en aras de la seguridad, acaba perdiendo ambas”.
Iván Delgado