El Ministerio Público ha elevado a definitiva la petición de condena a cinco años de prisión para esta madre de Maracena tras el juicio celebrado hoy, durante unas cuatro horas, en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, en el que Rivas ha reiterado que se siente víctima de violencia de género y ha defendido su inocencia.
El juicio se fijó para el pasado junio, se suspendió por la renuncia a la defensa del letrado Juan de Dios Ramírez y se ha retomado con el abogado José Estanislao López.
La vista ha servido para recordar que Juana Rivas se trasladó desde Italia hasta Maracena en mayo de 2016, que viajó con sus dos hijos fruto de su relación con el italiano Francesco Arcuri y que fue postergando su vuelta hasta que en agosto comunicó a su expareja que no regresaría.
Rivas ha explicado que se instaló en España con los dos menores para evitar regresar a Italia «bajo la tortura» de Arcuri, al que denunció por malos tratos en 2016 en una causa sin resolver, y que en 2009 aceptó una condena por lesiones.
La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión para esta madre por dos delitos de sustracción de menores tras permanecer 33 días en paradero desconocido con sus dos hijos para no entregarlos al padre como ordenaba una sentencia firme.
«Soy madre y he venido escapando del maltrato, cómo los voy a entregar», ha dicho Rivas, que ha reiterado su posición de víctima de violencia de género y que actuó por la seguridad de sus hijos.
Ha detallado que creía que estaba amparada por las leyes porque iba recurriendo cada decisión judicial, ha dicho que entendió que podría tener «represalias» pero no que se enfrentaría a una petición de cárcel y ha subrayado que lo hacía para defender a sus hijos del maltrato, hasta que el juez le ha recordado que la cita de hoy no era para un juicio por malos tratos.
Rivas se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular y, en respuesta a las de su letrado, ha explicado que en todo el proceso fue haciendo caso a lo que le decían sus abogados.
El padre de los menores ha declarado por videoconferencia desde la isla de Carloforte en la que reside con los niños y ha recordado que al principio, desde mayo de 2016, sí hablaba con los hijos, una relación que se fue debilitando hasta que le impidieron las comunicaciones en noviembre de ese año, lo que motivó su denuncia.
Ha negado ser un maltratador, ha relatado que estaban inscritos como familia en Italia, que la relación con los niños era normal y que no los volvió a ver hasta su entrega en agosto de 2017.
La perito que hizo el informe psicológico a petición del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que ordenó a Rivas entregar a los niños ha apuntado que no percibió «riesgo grave» que impidiera a los menores volver con Arcuri, con quien tenían «vinculación positiva».
La Fiscalía ha modificado su escrito de acusación para unir a los dos delitos de sustracción de menores un tercero en concurso medial de desobediencia, lo que no altera la pena, y ha pedido una sentencia condenatoria al creer que los hechos han quedado justificados igual que el «reiterado incumplimiento» de sentencias.
El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, se ha sumado a las tesis de la Fiscalía y ha considerado demostrado que impidió la relación del padre con sus hijos y quiso hacerla definitiva mientras la defensa de Rivas ha pedido su absolución al interpretar que no existe delito porque no hubo intencionalidad ni «dolo», a lo que ha sumado que de haberlo sería solo uno y no dos porque es una causa «familiar».
Rivas ha aprovechado la última palabra para rogar que le devuelvan a sus hijos tras escapar de la violencia y, a preguntas de los periodistas, ha confiado en su absolución y ha dicho que seguirá luchando.
Redacción