“Los Mossos d’Esquadra están investigando ya los disparos de un motorista contra un coche de Cabify en Barcelona. Lo que no se puede consentir es la violencia y que se recorten los derechos y libertades de los demás”. Es la tónica general de los sindicatos policiales contra el huelga salvaje del taxi en Madrid y Barcelona, que se ha extendido a otras capitales de provincia, como Valencia, Bibao y Zaragoza.
Según confirma a Estrella Digital el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, “es un problema de seguridad ciudadana el que está creado y, si sigue así, las Unidades de Intervención Policial deberán dar una respuesta para garantizar los derechos de los ciudadanos”.
Los sindicatos reconocen que las Delegaciones del Gobierno, sobre todo las de Madrid y Barcelona, están actuando con “suma prudencia” y que, aunque las Unidades de Intervención Policial (UIPs) están preparadas para actuar en caso de emergencia, se mantiene la orden de que permanezcan alejadas de los taxista huelguistas para evitar males mayores.
Así, de momento y mientras no haya una violencia desatada contra Cabify y Uber, el madrileño Paseo de la Castellana seguirá colapsado, como se halla desde este pasado lunes. Por un lado, según han confirmado a Estrella Digital fuentes del Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal no intervendrá contra los taxistas: ni se pondrán multas ni mucho menos se mandarán grúas. Por otro, las UIP no intervendrán porque la orden no será dada por la Delegación del Gobierno.
Esta certeza ha servido para que los taxistas confirmen que mantienen la huelga y los cortes en las principales avenidas de Madrid y Barcelona en tanto el Ministerio no finalice sus reuniones con la patronal del sector, Unauto VTC, con cuyos representantes permanece reunido el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.
Así, cuenta en un tuit uno de los huelguistas que “No nos moveremos hasta que salgan los de Fomento. Esta tarde traeré a mis hijos”:
“No nos moveremos hasta que salgan los de Fomento. Esta tarde traeré a mis hijos”, cuenta Alexander Garzón https://t.co/EajXsiGNRl pic.twitter.com/zKv0XM1710
— Julio Núñez Montaña (@jnunez_mo) 31 de julio de 2018
Incluso, otros huelguistas piden respeto para la prensa, dado que, al parecer, hay sectores muy radicales a los que no les gustan determinadas informaciones que se dan desde los medios de comunicación, como se recoge en este otro tuit:
Un portavoz de los taxistas pide disculpas y que se respeten a los periodistas. “Son trabajadores como nosotros. Simplemente, lo que hay que hacer es no escuchar y leer esos medios”, explica por un megáfono https://t.co/EajXsiGNRl pic.twitter.com/jxMCg3BHBN
— Julio Núñez Montaña (@jnunez_mo) 31 de julio de 2018
Intervención policial si se siguen parando Madrid y Barcelona
Para el portavoz de la UFP, José María Benito, la cuestión está clara: “La huelga salvaje que están practicando los taxistas y que se está extendiendo por toda España, más allá de la legitimidad de sus planteamientos o no, está creando un problema de seguridad ciudadana, está originando un daño al turismo y afecta directamente a la libertad de movimientos de los ciudadanos”. Benito cree que “en el momento de usan la violencia –como han hecho los taxitas contra Uber y Cabify- pierden la razón y se convierte en un problema de orden público que tiene que solucionar el Gobierno”.
Benito señala que “al convertirse en un problema de seguridad ciudadana, hay que intervenir policialmente, porque son concentraciones ilegales que no es que no estén autorizadas, es que ni siquiera han sido comunicadas previamente a la Delegación del Gobierno, como es preceptivo”.
Una opinión similar expresa a Estrella Digital el portavoz del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, para quien “la violencia debilita tus reivindicaciones”. Pero Perdiguero cree que “el que tiene la culpa es el legislador”, pero va más lejos y afirma que “hay intereses ocultos que se nos escapan”. ¿Qué tipo de intereses? “Por ejemplo, que en Barcelona haya algo así como 400 licencias de VTC concedidas y que trabajen 1.400 vehículos. ¿Quién controla esto? O que muchas licencias hayan sido adquiridas por dos duros y ahora las quieran vender por 50.000 euros. ¿A quién beneficia este negocio?”.
En todo caso, al igual que Benito, Perdiguero sostiene que “no se puede permitir que los violentos cojan las riendas, como tampoco se puede permitir que se salten todas las leyes, aparquen donde quieran y corten todas las calles. Son actuaciones delictivas que hacen necesaria la intervención policial, pero debe ser la Delegación del Gobierno la que dé la orden”.
Las opiniones anteriores son también compartidas por el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosido, para quien es obvio que “tenemos que garantizar la convivencia: existe un derecho de huelga que hay que proteger, pero también hay que proteger los derechos de los ciudadanos que se están viendo coartados por la actitud de los taxistas”.
Cosido es también tajante: ”Frente a cualquier episodio de violencia tendremos que intervenir, es nuestra obligación, y da igual que sea de los mineros, del naval o del sector del taxi. Pero si se realizan cortes de tráfico más allá de lo simbólico, como está ocurriendo, tendremos que restablecer la libertad de circulación de las personas”.
Difiere un poco el portavoz del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), Adolfo Medina, para quien «salvo los primeros incidentes que hubo al inicio, lo único que ha habido son insultos y no ha influido en la seguridad ciudadana». Medina confirma que no están en alerta ni las UIP ni las UPR porque no han recibido órdenes de las respectivas Delegaciones del Gobierno de Madrid, Baleares, Valencia y Aragón, donde más se está haciendo sentir el conflicto, junto a Cataluña, jurisdicción de los Mossos. «Están sin violencia y la intervención por el corte de calles depende de la Delegación del Gobierno. Es una decisión política», reconoce.
Carmena calla y el Ayuntamiento defiende la licencia municipal
El Ayuntamiento de Carmena, de momento, guarda un significativo silencio. Estrella Digital sólo ha conseguido que desde el área de Movilidad se diera una breve respuesta por escrito, que dice así: “Respecto al actual conflicto del taxi, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido en varias ocasiones al Ministerio de Fomento y a la Comunidad de Madrid que se habilite a los ayuntamientos a otorgar una segunda licencia para las VTC para poder cumplir la ratio 1/30. Recientemente, se escribió al Ministerio de Fomento con esta petición. Y el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad hace meses instar a las autoridades competentes a que aprobaran esta segunda licencia, que sería municipal”.
Ahora bien, respecto a la huelga salvaje de los taxistas en Madrid, con colapso de los centros de comunicaciones y cortada la gran vía de la Castellana, auténtico eje norte-sur madrileño, el Ayuntamiento le pasa la pelota a la Delegación del Gobierno y ni siquiera justifica la inacción de la Policía Municipal: “En cuanto al dispositivo de seguridad por las concentraciones de taxistas lo está llevando Policía Nacional”, dicen desde la corporación que preside la exjueza Manuel Carmena.
Ninguna explicación tampoco para el apoyo que dirigentes podemitas, como el diputado Rafael Mayoral, están prestando al sector del taxi. En un viaje hace 48 horas a Barcelona, Mayoral habló a los taxistas concentrados en Barajas para decirles lo siguiente: “Estamos para defender los puestos de trabajo frente a multinacionales que tienen la sede en Delaware. Pedimos al Gobierno que deje de meter la cabeza debajo de la tierra y apruebe un real decreto que blinde la licencia municipal», sostenía ante una muchedumbre que le aclamaba en el ‘parking’ de la T4, donde se concentraban múltiples taxistas. Horas más tarde, en la capital catalana, insistía en la idea: «Se aprobó un real decreto para blindar el 1/30 y hay que tomar medidas para que sea de cumplimiento efectivo. No hay una ley que lo cumpla».
Ramón Espinar, Podemos, se ha acercado a la Castellana para apoyar las reclamaciones de los taxistas. “Hemos visto al ministro Ábalos echar balones fuera. Lo importante es resolver el problema”, declara https://t.co/EajXsiGNRl pic.twitter.com/nrBnWl9IRH
— Julio Núñez Montaña (@jnunez_mo) 31 de julio de 2018
Al igual que los citados medios oficiales del ayuntamiento de Madrid, fuentes cercanas a Podemos defienden la idoneidad de esta «licencia municipal» en línea de lo expresado por Mayoral: «No es algo arbitrario. Si una VTC tiene licencia para operar en todo el Estado, pero el 99% de trayectos los realizan principalmente en el área metropolitana de Barcelona, ese municipio debería tener control sobre esta actividad, al igual que ocurre con los taxis».
Bronca contra la CNMC
Desde Podemos salió ayer lunes una petición para que comparezca en el Congreso de los Diputados el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ya que a este organismo se le culpa, de forma quizá irreal, de originar la situación que ha desembocado en esta crisis en el sector.
Es todo un enredo que ha acabado con la dimisión-cese del cese del director general de Transportes Terrestres del Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral Salcedo; es decir, del cargo técnico que gestionaba directamente este asunto y principal valedor del recurso contra la licencia municipal de la Ciudad Condal que defendía Ada Colau.
Como ya se ha publicado, aunque en un primer momento Fomento formó parte del frente jurídico contra la normativa de Colau, hace 10 días dio un giro inesperado. Retiró la petición de cautelares, a pesar que se había asegurado desde el principio que la decisión de la AMB invadía competencias del ministerio. Dejó sola a la CNMC al frente de las iniciativas legales, secundadas también por empresas del sector. El motivo de que el ministro José Luis Ábalos se pusiese de lado fueron las presiones tanto de Podemos, que quería sacar a Ada Colau del centro de la polémica, como del PSC, que respaldó la norma en la votación.
En todo caso, la decisión de retirar las cautelares desató una tormenta interna en Fomento que se saldó con la caída de Joaquín del Moral. Y es que la dirección del Ministerio no era partidaria de recurrir nada –la decisión de Colau de dar las licencias- sin sentarse a hablar primero con la AMB.
Iván Delgado