Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Canarias y Extremadura son las comunidades que más claramente han apoyado la medida más urgente que expuso el ministro, José Luis Ábalos, tras la que los taxistas levantaron la pasada medianoche sus movilizaciones, con una «tregua» durante agosto.
Será un decreto-ley que estará listo en un mes y modificará la Ley de Transportes para otorgar la potestad a las autonomías, que ya tienen constitucionalmente la competencia en el transporte intraautonómico.
A ello se sumarán dos grupos de trabajo -uno territorial y otro sectorial- para buscar soluciones de profundidad al conflicto entre las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) y las de taxis.
Ningún gobierno autonómico ha manifestado una renuncia anticipada a acogerse a la posibilidad de regular las VTC, aunque varios -en especial los del PP- han lamentado que Ábalos haya optado por trasladarles el problema.
La mayoría ha indicado que esperarán a conocer la modificación legislativa, que les facultará para derivar a su vez la regulación a los ayuntamientos, e incluso para establecer ratios diferentes al de un VTC por cada treinta taxis, el vigente desde hace décadas, salvo entre 2009 y 2015, cuando se concedieron licencias que llevan ahora a un ratio real de uno cada siete de media.
Varias comunidades han enfatizado que ligarán su decisión a los recursos económicos, como ha destacado la Generalitat de Cataluña, que solo aceptará una transferencia si es «eficaz» y no una mera «transmisión» del problema, como ha expresado su secretario de Infraestructuras y Movilidad, Isidre Gavín.
De forma similar, Cantabria prefiere un traspaso regulatorio de forma «completa» que incluya «fondos» y los «medios necesarios», según ha avanzado su consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, que ve «breve» el plazo de un mes para la norma de Fomento, un «reto» para Ábalos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha saludado la facultad que tendrán para regular y ha anunciado que el Gobierno vasco aprobará en otoño un decreto.
La disposición adicional octava de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) ya da posibilidad de regulación propia a Canarias, al ser sus servicios de VTC obviamente intraautonómicos, según ha recordado el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez.
Castilla-La Mancha ha dado la bienvenida a la solución urgente de Ábalos, ya que su director general de Carreteras y Transportes, David Merino, cree que cada región debe tener condiciones propias ante «necesidades de movilidad diferentes».
El Gobierno valenciano, en cambio, no se pronunciará hasta septiembre y advierte de que «la mera transferencia no implica automáticamente que la Comunitat pueda legislar sobre una segunda licencia con efectos retroactivos sobre las ya otorgadas».
Esa segunda licencia la piden los ayuntamientos de Barcelona, Zaragoza y Madrid, y, de hecho, el área metropolitana de Barcelona ya aprobó un reglamento, cuya suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña originó la semana pasada las movilizaciones de taxistas.
El presidente madrileño, Ángel Garrido, ha insistido en que el problema es «estatal» y debe resolverlo el Gobierno de Pedro Sánchez, sin echar balones fuera hacia las comunidades.
También el consejero de Fomento e Infraestructuras de Murcia, Patricio Valverde, ha apostado por que el Gobierno establezca la normativa, y deja entrever que podrían seguir acogidos a la regulación básica estatal, en la que permanecerán las comunidades que no deseen normas propias para VTC.
Sí asumirá la regulación Baleares, cuyo conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, espera «mejorar el servicio y quizá aumentar la oferta en temporada alta».
El Gobierno de La Rioja aún no ha decidido y esperará a que Fomento concrete más detalles, sobre todo la financiación que aporte, según ha informado a Efe.
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ve «razonable» que se transfiera a las comunidades la facultad de regular, aunque ha subrayado que si lleva aparejado algún gasto, tiene que acompañarse de los recursos correspondientes.
El consejero andaluz de Fomento, Felipe López, ha dicho que no tomarán una decisión hasta que no conozcan el contenido y la utilidad del decreto-ley y ha hecho hincapié en que la reducción o eliminación del número de licencias de VTC conllevaría gran coste en indemnizaciones.
El consejero asturiano de Infraestructuras, Fernando Lastra, se ha ofrecido a colaborar con Fomento, pero sin aclarar si está dispuesto a asumir o no la regulación.
El Gobierno de Aragón ha manifestado que desea poseer un «marco regulatorio propio» y sul consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Transporte, José Luis Soro, ha puesto el foco en buscar soluciones al sobrante de autorizaciones concedidas.
Navarra «no tiene problema» en aceptar el «gesto de confianza» que pide el Gobierno, pero entiende que hay «un complejo problema de fondo», ha señalado el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que le «sorprendió mucho» que Ábalos intente «dispersar el conflicto» hacia las comunidades autónomas y ha reiterado que no está contra de «la transferencia de las competencias» pero sí «en contra de las transferencias de los problemas».
La Junta de Castilla y León ha señalado que la propuesta de Ábalos tiene aún «una forma inconcreta y genérica» por lo que aún no pueden hacer valoraciones.
Redacción