Un turista resultó herido el miércoles en la plaza Catalunya de Barcelona y tuvo que ser hospitalizado a raíz de la agresión de los manteros, cuando intercedió en una discusión entre otros turistas y vendedores ambulantes.
En rueda de prensa, la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, ha asegurado que el gobierno municipal condena «con toda firmeza los hechos», que ha tildado de «inaceptables».
Ortiz ha expresado la disposición del Ayuntamiento a colaborar en las investigaciones, aunque no se ha pronunciado sobre si el consistorio se personará como acusación particular en el proceso porque «ahora mismo todavía se están investigando el conjunto de los hechos».
«Seguiremos atentamente la investigación y llegados el momento lo valoraremos», ha explicado, al tiempo que ha reclamado «mayor esfuerzo económico y de recursos de todas las administraciones» para hacer frente a esta situación.
Ortiz ha negado que la venta ambulante goce de impunidad en Barcelona y ha señalado que, según datos del Ayuntamiento, en 2017 se interpusieron 70.000 sanciones en toda la ciudad.
«Hemos trabajado todo el mandato intensamente para abordar este problema, hablando con el Síndic de Greuges y con las diferentes instituciones implicadas», ha contestado Ortiz a las críticas de «permisividad» con la venta ambulante ilegal que ha hecho la oposición.
No obstante, ha lamentado que la acción del consistorio está «limitada» porque se trata de «un problema que no es sólo de la ciudad de Barcelona, si no que es un fenómeno global que afecta a muchos municipios, especialmente del litoral de la costa catalana».
La alcaldesa accidental ha explicado que el consistorio barcelonés ha reclamado a la consellería de Interior más efectivos policiales «para garantizar la seguridad de la ciudad» y evitar que se repitan estas agresiones.
«Barcelona ya ha puesto más efectivos», ha asegurado Ortiz, en referencia a los cien nuevos agentes que se han incorporado a la Guardia Urbana este mes de julio, la mayoría para reforzar el distrito de Ciutat Vella.
En ese sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha destinado 12 millones de euros para las horas extras de los agentes, debido a la falta de personal y «con el objetivo de tener más seguridad en la ciudad».
«Reclamamos mayor esfuerzo económico y de recursos de todas las administraciones», ha recalcado Ortiz, que ha pedido «responsabilidad y lealtad institucional» a todas las administraciones.
Ortiz ha añadido que el problema de la venta ambulante tiene varias «caras» porque, ha dicho, «también sabemos que esta es una cuestión de ‘modus vivendi’ de personas que no tienen capacidad de regularizar su situación administrativa y ésta es su forma de ganarse la vida».
Por ese motivo, ha explicado que Barcelona impulsó un Plan de Ocupación dirigido a estos perfiles, del que se han beneficiado unas 130 personas.
«También hay que tener en cuenta que no habría venta ambulante si no hubiera llegada de mercancía falsificada. Hacen falta más efectivos y esfuerzos», ha finalizado Ortiz.
Redacción