El empresario Juan Muñoz, su hermano y sus dos abogados permanecen imputados por delitos de encubrimiento, revelación de secretos y extorsión, por contratar supuestamente los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para un chantaje.
A los detenidos se les atribuye haber consultado supuestamente a Villarejo cómo podían presionar a una persona que les debía dinero. El excomisario les ofreció extorsionar, no al deudor, sino a su abogado, Francisco Javier de Urquía. El ofrecimiento consistió en un vídeo comprometedor en el que presuntamente aparecía con dos prostitutas consumiendo cocaína, según fuentes jurídicas.
Antes de ser letrado, Urquía ejerció de juez y fue apartado de la carrera por prácticas corruptas.
El marido de Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, es el único para el que el juez no ha adoptado medidas cautelares, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, que no ha pedido prisión para ninguno de ellos. Su hermano y los dos abogados, Ricardo Álvarez-Ossorio y José Miguel García González, deberán comparecer cada mes en el juzgado y cuando tengan intención de salir de España tendrán que pedir autorización judicial.
Los cuatro detenidos han declarado durante seis horas como investigados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de extorsión, en relación con el supuesto encargo que hicieron a Villarejo para lograr el cobro de una deuda a través de un chantaje.
A su salida de la Audiencia Nacional, el marido de Ana Rosa ha atendido a los periodistas y ha dicho que estaba contento por haber quedado en libertad, además de resaltar que ha colaborado con la justicia. A la pregunta de si le parecía desproporcionada la detención viendo que quedaba en libertad sin ningún tipo de medidas cautelares ha respondido: «Totalmente».
Por estos mismos delitos, hoy De Egea también ha imputado en esta nueva pieza del caso al excomisario y a su socio, el abogado Rafael Redondo, los dos únicos que permanecen en prisión tras ser detenidos en noviembre en la Operación Tándem.
Los dos también habían sido citados por el juez para tomarles declaración por estos hechos, pero se han acogido a su derecho a no declarar.
El marido de Ana Rosa fue detenido en Madrid, mientras que su hermano fue arrestado en Andalucía, donde además se practicaron registros en Sotogrande y Marbella, así como en Madrid.
Las acusaciones contra Muñoz, su hermano y los dos abogados se basan en grabaciones intervenidas a Villarejo en los registros efectuados cuando se produjo su detención, audios que está analizando la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y que va remitiendo al juez de la Audiencia Nacional en diferentes informes.
El mismo día en que se producían estas detenciones, Villarejo volvía a pedir al juez su puesta en libertad argumentado que, con el archivo en tres de las entonces cinco piezas del caso, se habían «debilitado» los indicios contra él, por lo que considera que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Rechazaba además que se le pueda imputar delito alguno en la pieza Carol, en la que se investiga su conversación con la amiga de Juan Carlos I Corinna zu Sayn-Wittgenstein acerca del patrimonio del exjefe del Estado y que se filtró en dos medios digitales.
El excomisario, que al pedir la libertad ha insistido en que su actividad empresarial estaba autorizada por sus jefes directos, compareció ante el juez el pasado 26 de julio en relación con ello y entonces declaró que se entrevistó con la amiga del Rey a petición del Estado para mediar entre Corinna y el monarca.
Redacción